- Las revelaciones de un testigo protegido apuntan a que Pegasus fue operado bajo órdenes de funcionarios de alto nivel del sexenio de Peña Nieto, incluyendo el entonces Presidente.
El lunes 4 de diciembre dio inicio el primer proceso judicial por el uso indebido de Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en contra de Juan Carlos “N”, operador técnico del malware, por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas de la periodista Carmen Aristegui.
El lunes 4 de diciembre dio inicio el primer proceso judicial por el uso indebido de Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en contra de Juan Carlos “N”, operador técnico del malware, por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas de la periodista Carmen Aristegui.
Tal como fue documentado en la investigación Gobierno Espía, Aristegui fue espiada con Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016, en el contexto de acoso y hostigamiento por las publicaciones de casos graves de corrupción, como la investigación periodísta La casa blanca de Peña Nieto.
Durante el primer día de audiencias, un testigo protegido bajo el seudónimo “Zeus” reveló que un entramado de diversas empresas intermediarias de KBH Aplied Technologies Group (KBH), proveedoras autorizadas por NSO Group para comercializar Pegasus en México, utilizaron el malware en contra de Aristegui y otras figuras con proyección pública.
De acuerdo con el testigo protegido, estas infecciones con Pegasus fueron ordenadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y el extitular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Imaz.
El testigo “Zeus” señaló que Uri Ansbacher, dueño de KBH, mantenía contacto directo con funcionarios de alto nivel, así como con instituciones como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de de la Defensa Nacional (Sedena) y el CISEN, a quienes se les había licenciado el uso de Pegasus, como se ha acreditado a través de diversos contratos suscritos con empresas ligadas a la red de KBH.
Además, las empresas de KBH operaban bajo una serie de prestanombres para participar en licitaciones sobre temas de seguridad a nivel federal y estatal, obteniendo grandes beneficios económicos.
Estas revelaciones deben servir como un punto de partida para investigar las personas implicadas en la cadena de mando para el uso ilegal de Pegasus, incluyendo a los funcionarios públicos de alto nivel involucrados. El juicio contra Juan Carlos “N” no debe tratarse únicamente como un tema entre particulares, sino indagar en este aparato de espionaje construido entre actores públicos y privados.
Esperamos que la Fiscalía General de la República, con quien la periodista Carmen Aristegui y las organizaciones hemos coadyuvado, será capaz de sostener la acusación y continuará con las investigaciones hasta dar con todos los responsables.
De igual manera, reiteramos nuestra preocupación por el uso del malware Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual, como ha sido expuesto en la serie de investigaciones conocida como Ejército Espía, sin que se haya aclarado hasta la fecha la adquisición y uso de un “sistema de monitoreo remoto de información” por parte de la Sedena a una empresa de la red de KBH.
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Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
