El Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un dictamen, que posteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados, que busca castigar con una pena de prisión de tres a 10 años a quien haga uso de drones para fotografiar o grabar audio y video de las actividades de personas servidoras públicas, informó en un comunicado Artículo 19.
La sanción también incluirá el decomiso de los aparatos tecnológicos con los cuales se captaron las imágenes, audios o videos, y una multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Esta nueva falta podría llegar con la reforma al Artículo 163 Quáter del Código Penal Federal para establecer como delito el utilizar “aeronaves pilotadas a distancia” que permitan “fotografiar o realizar grabaciones de audio y video, de forma física o empleando medio electrónicos, para vigilar actividades de personas servidoras públicas con la finalidad de conocer o reportar su ubicación”.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que todas las personas servidoras públicas son agentes y representantes del Estado y, por ende, todos sus actos son considerados de carácter público, más aún si son realizados en el espacio público o son de interés público.
Tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte IDH, reiteran que las personas servidoras públicas deben de estar sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica, ya que voluntariamente han decidido exponerse a dicho escrutinio.
“Fotografiar o grabar audio y/o video de cualquier acto de autoridad con drones o con cualquier otro tipo de dispositivo -sin limitar o interferir en sus acciones legales y legítimas- forma parte del escrutinio y control democrático hacia las personas servidoras públicas e, incluso, como una medida de alerta ante acciones arbitrarias, hechos de corrupción, violaciones a derechos humanos, abuso de poder o como recolección de evidencia para un proceso de denuncia”, afirma en su comunicado Artículo 19.
Este dictamen representa un claro ejemplo de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y una estrategia que podría disuadir el ejercicio periodístico, vulnerando nuestro derecho de acceso a la información. Por este motivo instamos a que la Cámara de Senadores rechace y deseche el Artículo 163 Quáter como propuesta de reforma al Código Penal Federal, cumpliendo así con los más altos estándares en la materia.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
