El Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que no destruya los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, gracias a una demanda de amparo promovida por las familias de los jóvenes desaparecidos, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Angel Pro (Centro PRODH).
El 1 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó la suspensión provisional, por lo que ordenó a las autoridades militares que se abstengan de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar la información”.
En la demanda, los familiares de los 43 señalan que el Ejército ha ocultado arbitrariamente información valiosa para el esclarecimiento del caso, como un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, los cuales evidencian el uso del aparato de inteligencia militar para vigilar a los actores vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes.
En el centro de la disputa se encuentra una serie de documentos relacionados con la intercepción ilegal de comunicaciones realizada por el Ejército en 2014, obtenidas a través del uso del malware Pegasus. tal como han denunciado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el propio Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
De acuerdo con El País, el Ejército obstruyó el acceso por parte del GIEI, que apenas identificó una decena de documentos que refieren el monitoreo de comunicaciones de la red criminal de Iguala. Sin embargo, alguien al interior del Ejército concentró la información ─80 o 90 documentos más─ y la movió de los archivos que el GIEI estaba investigando.
A pesar de toda la evidencia, el Ejército ha ocultado sistemáticamente la participación del Centro Militar de Inteligencia ─una agencia secreta de espionaje militar─ en la vigilancia de los hechos ocurridos en Ayotzinapa en 2014. De acuerdo con el último informe del GIEI, el CMI no solamente hacía intercepciones telefónicas y de mensajería, sino que estas actividades siguen realizándose en la actualidad.
El Centro Militar de Inteligencia es actualmente el usuario final del malware Pegasus, como ha revelado la investigación Ejército Espía. Además, se ha documentado que en este sexenio han sido espiados con Pegasus el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el analista Ricardo Raphael y un periodista del medio Animal Político, así como dos defensores de derechos humanos del Centro PRODH e inclusive el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; estos últimos, mientras trabajaban en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y otros abusos militares.
Además, la estructura del CMI ha ido creciendo durante la administración actual, como señala una investigación de Proceso. Así mismo, el Centro Militar de Inteligencia ha elaborado 894 productos de inteligencia entre 2019 y 2021, lo que indica que ha permanecido activo a pesar de que el Ejército carece de facultades legales para realizar intervención de comunicaciones privadas.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
