El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe acerca de sus pesquisas para esclarecer el caso Ayotzinapa. En su entrega final, el GIEI señaló al Ejército como el principal obstáculo para la búsqueda de verdad y justicia, debido a sus constantes obstaculizar el acceso a información valiosa para la investigación.
Uno de los ejemplos claves es el encubrimiento de la participación del Centro Militar de Inteligencia, una estructura interna secreta de espionaje del Ejército. De acuerdo con el informe, el GIEI recibió numerosos documentos de inteligencia con las siglas C.M.I. Al cuestionar a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre su significado, la dependencia contestó que se referían al concepto contenido mediático de información.
No obstante, el GIEI no identificó ningún otro archivo clasificado como contenido mediático de información, pero sí numerosas referencias al Centro Militar de Inteligencia como una instancia.
En una de ellas, el C.M.I. es identificado como “un organismo de carácter circunstancial dedicado al desarrollo e investigación de tecnología para apoyar las operaciones militares”, lo que el GIEI cuestiona porque “significaría que es una institución sin continuidad en sus tareas o que estas serían solo en un determinado momento o que se cumplirían por otros organismos, cosa que no responde a la realidad”.
En informe del GIEI también cita a un testigo protegido que proporcionó documentos y testimonio acerca del funcionamiento del C.M.I. El testigo relata que el Centro no solamente hacía intercepciones telefónicas y de mensajería, sino que estas actividades siguen realizándose en la actualidad.
Así mismo, el testimonio señala que el Centro Militar de Inteligencia resguardó toda la información relativa a los hechos en Iguala sobre el caso Ayotzinapa y que esta información “fue ocultada al GIEI y a la UEILCA [Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa] debido al involucramiento de personal militar y a que el ejército no está facultado para realizar actividades de monitoreo e intervención de llamadas”.
El testigo también refiere que el C.M.I. utilizó el malware Pegasus para intervenir los teléfonos de varios integrantes de Guerreros Unidos, como ha sido previamente sostenido tanto por la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa como por el propio GIEI.
De acuerdo con documentos internos de la SEDENA, revelados en la investigación Ejército Espía, el Centro Militar de Inteligencia es una dependencia secreta cuyo objetivo es aportar “productos de inteligencia que se generen de la información obtenida por medios cerrados”, es decir, a través de intervenciones de comunicaciones privadas, sin que las Fuerzas Armadas tengan facultades legales para dichas tareas.
Esta instancia sería la responsable del espionaje ilegal en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con la finalidad de acceder e interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según una tarjeta informativa elaborada por el propio C.M.I.
Además, el Centro Militar de Inteligencia ha sido identificado como el usuario final (operador) del “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” que adquirió la SEDENA a través de Comercializadora Antsua, empresa designada con los derechos exclusivos para la venta de Pegasus al Ejército. Así mismo, la SEDENA es la única dependencia que actualmente cuenta con este malware en el país, de acuerdo con The New York Times.
El C.M.I. fue concebido durante el sexenio del presidente Felipe Calderón y se mantuvo operativo durante la administración de Enrique Peña Nieto, como confirman las evidencias mostradas por el GIEI y la COVAJ. Actualmente, el Centro Militar de Inteligencia opera desde el Campo Militar No. 1 y ha incrementado su número de elementos en el sexenio actual, llegando a 619 militares en 2021, de acuerdo con una investigación de Proceso.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
