El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha incorporado en su lista de control de exportaciones a dos empresas europeas de vigilancia: Cytrox, entidad con sede en Hungría; e Intellexa, empresa de vigilancia cibernética de origen griego; más dos entidades relacionadas en Irlanda y Macedonia, reporta la agencia de noticias Reuters.
Estas nuevas integraciones son parte de un esfuerzo del presidente Joe Biden por contrarrestar el mal uso que se ha dado a programas de espionaje masivo en diversos países y a los abusos reportados por programas como Predator, desarrollado por Cytrox, en el país griego.
El Departamento de Comercio afirmó que las empresas habían sido añadidas a la lista “por tráfico de exploits cibernéticos”, es decir, un software o secuencia de comandos que aprovecha un error o vulnerabilidad de una aplicación o sistema, para infectar un dispositivo y provocar un funcionamiento imprevisto, que puede incluir control del sistema o la concesión de privilegios de administrador.
Anteriormente la Casa Blanca ya había emitido una orden ejecutiva en contra de programas de espionaje e incluyó en su lista a Pegasus, el software de la empresa israelí NSO Group conocido por tácticas de espionaje ilegal en México o por negar cooperación en investigaciones internacionales sobre los abusos de su programa.
Las autoridades estadounidenses consideraron a este tipo de software como una amenaza para la ciudadanía, activistas, periodistas y diplomáticos e incluso un problema de seguridad nacional.
El año pasado, Reuters informó que un fiscal en Grecia abrió una investigación sobre la denuncia de un periodista por la infección de su teléfono inteligente por el programa espía Predator, desarrollado por Cytrox, afirmando que el programa era vendido en Grecia por Intellexa.
Al igual que en la Unión Europea, donde las autoridades buscan avances en la regulación o prohibición de programas de vigilancia y espionaje, Estados Unidos está sentando un precedente que se alinea con el llamado de especialistas de las Naciones Unidas que piden una moratoria global a la venta y transferencia de tecnología de vigilancia, hasta que se creen regulaciones robustas que garanticen su uso bajo los estándares internacionales de los derechos humanos.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
