Como parte de la resolución de una demanda de amparo a favor del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México ordenó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que elimine un informe público con un análisis de contexto sobre los casos de desaparición de 63 personas en dicho estado, informó el medio de comunicación Aristegui Noticias.
Roberto Sandoval Castañeda, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, vinculado a proceso por cuatro presuntos delitos ─ejercicio indebido de funciones; delitos electorales; fraude y falsificación de documentos; y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita─ presentó la demanda de amparo en febrero de 2022, tras la publicación del análisis de contexto, bajo el argumento de que se violó su derecho a la presunción de inocencia.
El tribunal dio un plazo de 10 días hábiles para la eliminación de dicho documento a partir del 15 de junio, cuando se notificó a la CNB. La versión pública del informe menciona al exgobernador nayarita al menos en unas 30 ocasiones y fue realizado a partir de entrevistas con familiares, información pública y algunas carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República.
El Cuarto Tribunal también pidió a la Comisión que se limite a una redacción descriptiva e informativa de los hechos y que evite “las manifestaciones de juicios de valor con los que afirme o presuma respecto de la culpabilidad del quejoso Roberto Sandoval Castañeda, referentes a hechos que la ley señala como delitos, sin que exista una sentencia ejecutoriada que así lo determine”.
Tras la notificación, la CNB dijo en un comunicado que acatará dicha sentencia y eliminará de sus redes sociales el informe público en el plazo ordenado.
En el comunicado, la dependencia explica que la elaboración de este tipo de informes es una facultad de las comisiones de búsqueda y que estos documentos tienen como finalidad analizar el contexto en el que ocurrieron las desapariciones para generar hipótesis de localización y estrategias de búsqueda, así como incidir en el derecho a la verdad individual y colectiva.
“El análisis debe identificar patrones de criminalidad y actores involucrados –aclarando siempre que es como presunción, que su referencia atiende a la forma en que se observan en el contexto, y no necesariamente en el contexto criminal, que en algunos casos, ni siquiera los identifica– esto es, independientemente de las investigaciones y los procesos de la justicia ordinaria, pues el modus operandi de las redes es altamente relevante con fines de búsqueda”, agregó la Comisión.
“Es necesaria la discusión pública, como se ha dado en otras latitudes, sobre el derecho a la verdad en su vertiente individual y colectiva sobre la información recabada y el análisis de hechos elaborado por instituciones de carácter extraordinario –como son los mecanismos de búsqueda o las comisiones de verdad– frente a las investigaciones penales y los procesos judiciales ordinarios”, finalizó la CNB.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
