Durante la conferencia matutina del 10 de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el espionaje ilegal de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. El mandatario calificó la intervención (ilegal) de comunicaciones privadas del activista como un acto de “investigación”, reportó Animal Político.
Cuestionado por la periodista Nayeli Roldán acerca de la evidencia mostrada por la investigación Ejército Espía, López Obrador consideró que las acciones de vigilancia del Ejército no fueron ilegales, aunque no supo explicar ni el objetivo ni la base legal por la que la Sedena intervino las comunicaciones de Raymundo Ramos.
El presidente recalcó que su gobierno no espía “a ningún opositor ni periodista” y aunque afirmó desconocer las razones por las que se vigiló a Ramos, señaló que tiene “confianza en los mandos” de que se actuó con legalidad.
En respuesta a las pruebas de espionaje militar por parte de la Sedena, López Obrador descalificó a los medios y organizaciones implicadas en la investigación periodística, a quienes acusó de estar “en contra del gobierno” y representar los intereses del grupo conservador.
La periodista Nayeli Roldán solicitó al Presidente la intervención del General Audomaro Martínez, director de Centro Nacional de Inteligencia ─órgano al que López Obrador atribuyó la intervención de comunicaciones─ para explicar la base legal del espionaje a Ramos, a lo que el mandatario contestó negativamente y arreció sus acusaciones contra los medios de comunicación.
La investigación Ejército Espía aportó pruebas que demuestran que el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con la finalidad de interferir en las indagatorias sobre los abusos militares del 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde al menos un civil fue ejecutado de forma extrajudicial por elementos de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con documentos internos de la Sedena, el espionaje contra Raymundo Ramos fue realizado por el Centro Militar de Inteligencia, una agencia secreta ilegal que responde al Secretario de la Defensa. El CMI es, además, el operador del “servicio de monitoreo remoto de información” que la Sedena adquirió a través de Comercializadora Antsua, empresa proveedora de Pegasus.
En réplica a los señalamientos del Presidente, las organizaciones detrás de la investigación Ejército Espía pedimos al Poder Ejecutivo que deje de encubrir a las instituciones castrenses; así como una explicación pública por parte del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, sobre el fundamento legal de las intervenciones de comunicaciones privadas de Raymundo Ramos.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
