El empresario peruano Roger Benites, quien ha sido acusado de cometer fraude a través de la plataforma de criptomonedas Bitinka, es un ejemplo de cómo el mal llamado “derecho al olvido” es utilizado para dificultar el acceso a información legítima en Internet.
De acuerdo con un reportaje publicado por eldiario.es, Benites ha explotado este mecanismo legal para tratar de eliminar cualquier rastro que lo vincule con las denuncias y casos abiertos por el escándalo de Bitinka. Por ejemplo, el empresario ha logrado desindexar de Google una investigación del medio peruano Convoca.pe, en la que se describe cómo Benites fundó sociedades paraísos fiscales como Belice y Emiratos Árabes Unidos poco tiempo antes de que Bitinka desapareciera.
Esta investigación, a pesar de su importancia informativa y que “se presume veraz y contrastada”, no puede ser encontrada en el buscador más importante del mundo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) consideró que la publicación de una imagen del permiso de residencia de Benites en el reportaje es documentación personal y no debe mostrarse, a pesar de que el medio la utiliza como prueba de que el empresario se refugió en el país ibérico.
“Su gran peligro es que puede utilizarse con fines espurios, para construir biografías a medida, blanquear historiales delictivos, y lo que es peor: para construir una historia alternativa. Que el falso ‘derecho al olvido’ acabase siendo utilizado como herramienta de censura solo era cuestión de tiempo”, aseguró el especialista Carlos Sánchez Almeida, director legal de Plataforma por la Libertad de Información, a elmundo.es.
Desafortunadamente este no es el único método utilizado por Benites, ya que también ha empleado demandas por supuesto uso no autorizado de su marca Bitinka para remover contenido a través de la Digital Millennium Copyright Act.
Esta ley estadounidense de derechos de autor le ha permitido al empresario retirar al menos 7 resultados de búsqueda de Google, más un número indeterminado que estén relacionadas con el mal llamado “derecho al olvido”, ya que esa información no aparece en el buscador. Estas remociones son globales, por lo que una sola queja afectaría decenas de países en los que ha operado Benites.
En meses pasados, cortes constitucionales en América Latina han fallado en contra del falso “derecho al olvido. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el mal llamado derecho al olvido es incompatible con la libertad de expresión; mientras que la Corte Suprema de Argentina consideró que permitir la restricción de información en el acervo público genera un peligroso precedente.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
