El Comité del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus y spyware de vigilancia equivalente (PEGA) publicó el primer borrador de informe sobre sus hallazgos tras seis meses de trabajo, el cual presenta un primer análisis y respuesta al uso de este tipo de tecnologías.
Aunque el borrador aún es susceptible a modificaciones por las y los parlamentarios integrantes de PEGA, el documento presenta valiosa información y una primera y contundente postura en contra del uso del malware Pegasus y similares.
En el borrador, PEGA se une al llamado para imponer una moratoria global a la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que no se pueda garantizar el respeto a los estándares de derechos humanos en su uso, la cual ha sido propuesta por especialistas internacionales y funcionarios como la anterior Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
De acuerdo con la Consejera sénior de Citizen Lab, Siena Antsis, el borrador también muestra, a través de una serie de estudios de caso sobre el uso de spyware en la Unión Europea, que el abuso no se limita a los regímenes autoritarios, aunque los gobiernos argumenten que su uso está restringido a investigar graves crímenes y terrorismo.
“El abuso de tecnología de vigilancia no solo viola el derecho a la privacidad de individuos. Socava la democracia y las instituciones democráticas sigilosamente. Silencia oposiciones y críticas, elimina el escrutinio y tiene un efecto de censura en la prensa libre y la sociedad civil.”, se puede leer en el borrador.
Este documento, considera Antsis, será un útil recurso a futuro para reflexionar sobre cómo enfrentar los abusos asociados al mercado de la tecnología de vigilancia en la Unión Europea y en el resto del mundo.
El Comité PEGA fue creado como respuesta ante las graves revelaciones del Proyecto Pegasus sobre el abuso del malware para espiar a ministros franceses, políticos de oposición en Polonia y periodistas belgas. Sin embargo, poco después de su instalación se dieron a conocer más casos de abusos, incluso contra cabezas de Estado como el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la oficina de Boris Johnson, exprimer ministro británico.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
