Agustín Basave Alanís, diputado federal por Movimiento Ciudadano, fue espiado con Pegasus entre el 5 y 11 de septiembre, informó Animal Político. La infección fue confirmada por un análisis forense conducido por Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Con esta revelación, el legislador se convierte en la cuarta víctima documentada del malware durante el sexenio actual. Basave Alanís es secretario de la comisión de Seguridad Ciudadana e integrante de Asuntos de la Frontera Norte. Al momento de la infección, se encontraba iniciando los trabajos en la Legislatura y en el proceso de conformación de las comisiones.
Además, las fechas de los ataques coinciden con la visita a la Cámara de Diputados de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, quien ha sido señalado como potencial candidato a la Presidencia.
Basave Alanís fue alertado por Apple en noviembre de 2021 de que “atacantes vinculados a un Estado podrían estar atacando su iPhone”. La empresa envió notificaciones a potenciales víctimas de Pegasus después de darse a conocer que NSO Group explotó una vulnerabilidad en su sistema operativo.
El diputado se puso en contacto posteriormente con Citizen Lab, que confirmó que el dispositivo móvil había sido infectado con Pegasus. “Tengo la certeza de que mis comunicaciones fueron atacadas y vulneradas. El espionaje es importante, esto no es un pleito entre políticos o creer que en la política se juega sucio. Es un tema serio en el que se están vulnerando derechos”, señaló en entrevista.
Basave decidió hacer público su caso después de que la investigación conjunta Ejército Espía reveló el uso de malware Pegasus durante la administración del presidente López Obrador, así como la contratación de un “servicio de monitoreo remoto de información” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a una empresa proveedora de Pegasus en 2019, cuyo contenido ha sido ocultado por la dependencia y se mantiene sin transparentar, pese a la promesa presidencial de hacer público todo lo relacionado al contrato.
El legislador cuestionó que “el gobierno federal debería ser el primer interesado en saber quién está haciendo uso de esta herramienta para espiar a un diputado federal” y consideró el ataque como un “antecedente peligrosísimo, gravísimo”, en especial al ser de un partido de oposición.
El espionaje a un integrante del Poder Legislativo constituye un acto inadmisible en cualquier sociedad democrática, pero resulta aún más preocupante ante la posibilidad de que dicho acto haya sido perpetrado por las Fuerzas Armadas en el contexto de militarización sin controles que atraviesa el país.
Por ello, como ha sido exigido por la sociedad civil, es indispensable que el gobierno garantice la transparencia de todos los documentos relacionados al contrato de la SEDENA con una empresa designada por NSO Group como su distribuidora exclusiva ante dicha dependencia; se garantice una investigación independiente mediante el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación; y se lleven a cabo reformas legales que eviten que los casos de espionaje gubernamental puedan seguir ocurriendo en México.
Imágenes (CC BY) Gibrán Aquino
