Una investigación del semanario ZETA de Tijuana reveló que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) pretende adquirir antenas falsas, también conocidas como IMSI catchers, capaces de intervenir todos los dispositivos telefónicos en un radio determinado de forma encubierta.
De acuerdo con el medio, el pasado 8 de octubre, la FGE presentó una solicitud de estudio de viabilidad financiera al Congreso del Estado para transferir 16 millones 196 mil 901 pesos, obtenidos de rubros como la venta de inmuebles o servicios de vigilancia, a la partida 56051, relacionada con equipos de comunicación.
Entrevistado por el semanario, el director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, resaltó los riesgos de abuso de este tipo de tecnologías, ya que su operación no cumple con las disposiciones legales contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) ni es legítima.
Las antenas falsas son dispositivos que engañan a los teléfonos móviles, haciéndoles creer que son antenas legítimas, para recolectar información acerca de ellos. Algunos modelos, en combinación con otras capacidades de vigilancia, son capaces de interceptar llamadas y mensajes, así como proporcionar la ubicación en tiempo real del dispositivo.
Debido a que las antenas falsas intervienen masiva e indiscriminadamente todos los dispositivos en su área de alcance, su funcionamiento contraviene las facultades de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales, que pueden llevar a cabo intervenciones de llamadas o acceder a metadatos a partir de una orden judicial en personas o números específicos.
ZETA también identificó la adquisición de equipos de vigilancia por parte del gobierno de Baja California en 2014 y 2016; uno de ellos por dos antenas falsas con características similares a las que busca adquirir la Fiscalía. En ese entonces, las autoridades erogaron 8 millones de pesos por cada dispositivo.
La propuesta de la Fiscalía fue rechazada por cuatro de los seis integrantes de la Comisión de Hacienda del congreso local, por lo que no fue aprobada para este ejercicio presupuestal; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la FGE vuelva a solicitar los recursos.
Otros gobiernos estatales en el país han adquirido este tipo de capacidades de vigilancia. Recientemente se dio a conocer que el gobierno de Puebla compró el sistema Geomatrix en 2019 y 2020, junto con dos antenas falsas. En la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla marcó como reservada la información de 2019 y 2020 tanto de las solicitudes de intervención de comunicaciones como de las solicitudes de registro de comunicaciones y localización geográfica.
Crédito: (CC-BY) Gibrán Aquino
