El gobierno de Estados Unidos arrancará un programa masivo para recolectar muestras de ADN de personas migrantes cuyo estatus migratorio sea irregular y que se encuentren en custodia del gobierno federal, informó NBC News.
La cadena estadounidense entrevistó a funcionarios que aseguraron que este programa sería la implementación completa de la Ley de ADN y huellas digitales, aprobada en 2005, y que requiere que se tomen muestras de todas las personas arrestadas, que enfrenten cargos o que hayan sido condenadas, incluyendo ciudadanos que no sean estadounidenses.
Este programa estuvo en pausa hasta octubre pasado, mes en que la administración Trump lo reinició y aseguró que recolectar ADN de ciudadanos no estadounidenses “podría ser esencial para la detección y solución de crímenes que pueden haber cometido o podrían cometer en Estados Unidos”.
Sin embargo, organizaciones que defienden derechos humanos en este país han criticado fuertemente este programa, que ven como una política racista contra las personas migrantes. “Las políticas migratorias racistas de esta administración también implicarán el derecho de miembros de las familias en otros países y aquí, incluyendo a ciudadanos estadounidenses”, declaró Vera Eidelman, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Según un funcionario del Departamento de Justicia, no haber recolectado antes el ADN de personas migrantes en custodia “ha permitido a sujetos acusados de crímenes violentos, incluyendo homicidio y ataque sexuales, evitar la detección incluso cuando han sido detenidos en múltiples ocasiones por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas”.
Todo el material genético sería enviado al FBI para ser almacenado su sistema CODIS, aunque, bajo la promesa de que no será utilizado para las fronteras.
La ACLU ya se había manifestado previamente en contra de esta política, por considerar que la recolección masiva de material genético tiene como propósito la vigilancia. Una base de datos de este tipo también representa severos riesgos para ciudadanos locales y extranjeros, debido a que su manejo representa grandes riesgos a la privacidad de las personas en caso de una filtración o robo de datos.
Imagen de U.S. Customs and Border Protection
