Para la elaboración de nuestro informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control” fue necesario acceder a una gran cantidad de información estadística que poseen tanto las procuradurías y fiscalías estatales como el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal.
En la base de datos del informe se pueden encontrar:
- Las Solicitudes de Acceso a la Información hechas a las autoridades estatales y las respuestas sobre peticiones hechas a proveedores de servicios y aplicaciones en Internet para cooperar con intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real; si éstas han contado con autorización judicial; el número de autorizaciones y el número de personas o cuentas intervenidas, entre otras preguntas, para los años 2013, 2014 y 2015.
- Las Solicitudes de Acceso a la Información hechas a las autoridades estatales y las respuestas sobre solicitudes de localización geográfica en tiempo real a empresas y personas, el número de personas, su duración, si se solicitó la intervención a las empresas o individuos, en cuántas existía una averiguación previa, entre otras preguntas, para los años 2013, 2014 y 2015.
- Las respuestas de los juzgados 1ero, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to y 7mo Federal Penal Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones sobre el número de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas y de acceso a datos contemplados en los artículos artículos 44, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones (abrogada) o 190, fracción II, y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, qué autoridades las realizaron y si fueron aprobadas o no, para los años 2013, 2014 y 2015.
Es importante mencionar que un número importante de las autoridades estatales proporcionaron datos parciales o incompletos y que existe discrepancia entre el número de las solicitudes que proporcionaron algunas autoridades y el número que revela el Poder Judicial.
Además, el Poder Judicial Federal no reconoce haber recibido solicitudes para llevar a cabo intervenciones de comunicaciones privadas en los casos de Colima, Zacatecas, Tabasco, Guerrero, Jalisco, Puebla Querétaro y Quintana Roo.
