La semana pasada, Francia hizo noticia cuando un diputado francés propuso que se multara a las empresas de tecnología que no cooperaran con las autoridades para obtener información de dispositivos cifrados en casos de seguridad nacional.
Ahora, un grupo legisladores de derecha ha planteado una reforma que agravaría las penas por negarse a cooperar con las autoridades en casos de terrorismo, ya que los ejecutivos de las empresas enfrentarían hasta cinco años de cárcel, además de una multa de 350 mil euros.
Las empresas estarían obligadas a entregar datos encriptados a las autoridades encargadas de las investigaciones, una postura que el gobierno francés había evitado y que tendrá que sobrevivir al proceso legislativo, informó The Guardian.
En la misma ley está planteado el fin del estado de emergencia en el que se encuentra Francia desde los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015, y ésta se inserta en un contexto en el que Apple, una de las empresas más grandes de tecnología del mundo, vive una batalla legal en el país y en Estados Unidos por el cifrado de sus teléfonos.
De acuerdo con Hipertextual, al menos ocho teléfonos cifrados no pudieron ser accedidos por las autoridades francesas en 2015.
En Estados Unidos, el FBI está utilizando una ley de 1789 para obligar a Apple a crear una versión del sistema operativo de los iPhone con el que pueda acceder al teléfono de un sospechoso del ataque terrorista de San Bernardino, el 2 de diciembre de 2015.
La empresa californiana ha argumentado que la creación de tal sistema operativo pondría en riesgo a todos sus usuarios y que no existen garantías de que solo fuera usado a través de órdenes judiciales.
La ley francesa también impondría menores penas contra ejecutivos de compañías de telecomunicaciones, de hasta dos años de prisión.
