Autoridades federales y estatales entregaron, entre los años 2016 y 2018, miles de datos genéticos relacionados con familiares de víctimas de desaparición, a la empresa ADN México que luego los robó y desapareció, reveló un reportaje de El Financiero y Proceso, con el apoyo de Quinto Elemento Lab.

El reportaje da cuenta de las enormes irregularidades en el manejo de datos personales tan sensibles como es el ADN cometidas por instituciones como la vieja Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y varias fiscalías estatales, entre la que destaca la de San Luis Potosí.

Por ejemplo, en 2016, la titular de la Dirección de Laboratorios Criminalísticos de la PGR, Mavil López Casamichana, ordenó a Martha Acela Valdez González titular del Laboratorio de Genética Forense de la institución que le diera la base completa de perfiles genéticos del laboratorio (32 mil) en una USB, esta información posteriormente fue compartida con ADN México.

La empresa, cuya cara más visible es su directora forense Mariana García Sosa, se especializa en la identificación de datos genéticos a través de muestras de sangre seca en papel, sangre líquida, saliva en papel o hisopo y huesos en distintos estados (frescos, calcinados o deteriorados con algún químico).

Sin embargo, realizó distintos convenios que le permitieron adquirir alrededor de 49 mil datos genéticos de todo el país y fuera de toda legalidad confrontar datos de distintas instituciones, contactar a víctimas de hechos de desaparición, solicitar dinero por servicios de cruce de información e incluso filtrar información de casos confidenciales a particulares, sin informar previamente a las víctimas o autoridades.

Uno de los convenios fue realizado con la Fiscalía de San Luis Potosí, entonces procuraduría, en 2017. En un acto público, García Sosa agradeció al entonces procurador Federico Garza Herrera por la “donación de la base de datos de material genético” que se sumaba a las de estados como Michoacán, Morelos, Baja California Sur, Veracruz, Coahuila y la PGR para totalizar 40 mil perfiles de personas no identificadas.

Dicho convenio fue solicitado por el equipo de periodistas a través de solicitudes de información, a lo que la Fiscalía respondió en 2019 “Que el laboratorio de Genética Forense no cuenta con documentos existentes relacionados a dicha donación”; finalmente, las autoridades del estado comentaron que la donación consistió en 150 perfiles.

El último evento, que dio origen a la investigación actual de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió en 2018, cuando el excomisionado Nacional de Búsqueda Roberto Cabrera entregó de manera ilegal una base con 49 mil perfiles genéticos de víctimas de desaparición, supuestamente sin datos biográficos, que contenían información de diversas fuentes, incluyendo la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y las fiscalías de los estados.

Esta base de datos fue borrada de la CNB, de acuerdo con declaraciones del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas a familiares de personas desaparecidas, y ADN México la trasladó a España, debido a que García Sosa no confiaba en las autoridades mexicanas.

Tras el cambio de sexenio, la representante de la empresa buscó a las autoridades nuevas, Alejandro Encinas y la comisionada Karla Quintana, para supuestamente entregarles la base de datos; sin embargo, por razones desconocidas la entrega nunca se realizó y, en cambio, de acuerdo con García Sosa, directivos y accionistas de la empresa decidieron guardar la base de datos en una memoria USB y triturarla.

En su declaración, García Sosa reveló que tras recibir los datos de la CNB y confrontarlos con otros en posesión de ADN México habían logrado 11 mil probables positivos los cuales, sin embargo, nunca fueron entregados a las autoridades.

Imagen de Paul Sableman (CC BY 2.0)