Los funcionarios públicos en México que utilicen sus cuentas de redes sociales para informar sobre sus actividades oficiales no podrán bloquear a ciudadanos para evitar que puedan interactuar con sus publicaciones o verlas.
De acuerdo con la resolución del amparo 1005/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, debe desbloquear al periodista Miguel Ángel Carmona debido a que esta acción constituye una “restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista”.
Debido a que Winckler utilizó voluntariamente su cuenta para dar a conocer información de “interés general” y contenidos que tienen “relevancia pública” relacionada con su gestión como fiscal estatal, la colocó en una posición de mayor escrutinio público, consideró la Segunda Sala de la SCJN.
La Segunda Sala no encontró elementos de comportamiento abusivo por parte del periodista, ni el fiscal expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter fuera privada, ni la información que ahí se comparte como de carácter reservado, por lo que la resolución no vulnera el derecho a la privacidad de Wickler.
“[…] la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas. Sumado a que el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad.”, señala el comunicado de la SCJN.
Finalmente, la Suprema Corte aclara que esta resolución no determina limitantes en todos los casos al derecho a la privacidad de los servidores públicos.
