La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que la Procuraduría General de la República entregue la versión pública del contrato suscrito entre esta dependencia y la empresa por la que adquirió el malware Pegasus, a través de Grupo Tech Bull S.A., es contraria al derecho de acceso a la información.
Esto debido a que el INAI, al resolver el recurso que interpusimos en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ordenó a la PGR entregar la versión pública del contrato; sin embargo, le permitió mantener ocultas las especificaciones técnicas del equipo adquirido, los procedimientos relacionados con su operatividad y los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición.
Consideramos que esta decisión es incongruente en tanto los datos mencionados ya han sido previamente revelados por investigaciones periodísticas, como el contrato de adquisición del software Pegasus, del 24 de octubre de 2014, que firmaron Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Luis Armando Pérez Herrero, apoderado legal de Grupo Tech Bull.
Además, en su resolución el INAI solo se centra en el contrato localizado y no ordenó a la PGR entregar otros documentos que están relacionados con el proceso de adjudicación del contrato, por lo que el instituto omite información como la publicada en agosto de 2017 por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que indica que la PGR otorgó el contrato a dicha empresa, con apenas 1 año de vida, sin claridad en los criterios utilizados, en una operación de 32 millones de dólares.
En R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto a organizaciones como Article 19, SocialTIC y el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, hemos documentado el uso ilegal e ilegítimo de este malware y reprobamos la decisión del Instituto, ya que favorece a la opacidad en la compra y adquisición de un equipo de vigilancia altamente sofisticado.
Finalmente, anunciamos que en los próximos días impugnaremos esta decisión ante el Poder Judicial de la Federación.
