El gobierno español emprendió, previo al referendo independentista catalán del 1 de octubre, una campaña de censura contra sitios sobre la votación o que pertenecían a organizaciones catalanas que alcanzó a más de 140 dominios y servicios de Internet.
La campaña, de acuerdo con EFF y XNET, inició el 13 de septiembre, cuando la Guardia Civil cumplimentó una orden de la Suprema Corte de Cataluña para incautar el dominio referendum.cat, sitio oficial del referendo. Al poco tiempo, la orden se extendió a todos los sitios espejo o clones sobre el referendo que se encontraran en un dominio .cat, de lo contrario los proveedores de servicios de Internet se encargaban de bloquearlo.
La segunda orden, del 23 de septiembre, aceleró el bloqueo de más sitios sin que se requirieran órdenes judiciales. Estos incluyeron sitios de colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y hasta sitios de partidos políticos legales. OONI recupera una lista de los sitios censurados.
El viernes anterior al referendo, una orden judicial obligó a Google a remover una aplicación para votar de su tienda de aplicaciones; la orden también exigía a la empresa californiana a retirar de su tienda cualquier otra aplicación registrada por el mismo desarrollador.
Adicionalmente, varias personas que crearon sitios espejos, servidores proxy reversos y dominios alternativos para contenidos censurados también fueron acusados de cargos criminales y llevados ante las cortes, además, el gobierno español llevó a cabo apagones de Internet en los sitios de votación.
La censura llevada a cabo por el gobierno español, son calificadas como desproporcionadas y extremadamente amplias, además de un atentado contra la libertad de expresión, la cual está garantizada por el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Imagen original de la Guardia Civil Española
