Estados Unidos sigue implementando medidas para contrarrestar la proliferación y el uso indebido de software espía –como Pegasus o Predator, los principales programas de espionaje en el mundo–, según anunció en un comunicado de prensa del Departamento de Estado.
En abril de 2024, el Departamento de Estado decidió tomar medidas para imponer restricciones de visado a 13 personas que han participado en el desarrollo y la venta de spyware y extender estas restricciones a los familiares directos de las personas implicadas.
Aunado a esto, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos sancionó a cinco personas y una entidad asociadas con Intellexa, empresa creadora del spyware Predator, por su papel en el desarrollo de esta tecnología que ha sido ampliamente utilizada para espiar ilegalmente a personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y oponentes políticos en momentos cruciales como elecciones democráticas.
Según el Departamento de Estado en EE.UU., las personas a las que se les impondrá la restricción de visado han facilitado o se han beneficiado económicamente del uso indebido de esta tecnología, poniendo en peligro la privacidad de miles de personas y poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos ha tomado medidas más rigurosas para combatir a la industria de la vigilancia, tales como incluir a estas empresas a las listas de control de exportaciones, imponer sanciones económicas o restringir la entrada al país de personas involucradas con su venta.
Así mismo, desde 2023, Estados Unidos se sumó a un grupo de once países que también buscan crear una mayor regulación y control de las tecnologías de vigilancia, junto con Australia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido.
La proliferación de estos programas espía es una preocupación mundial, al grado que desde 2021, la entonces Alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió a los Estados que se imponga una moratoria global a la venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que no se pueda garantizar el respeto a los estándares de derechos humanos en su uso.
