El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca que un juez federal ordene a Google la venta de su navegador Chrome, con la finalidad de combatir el monopolio que la empresa ha mantenido en la última década, informó la agencia AP. La petición, enviada en un documento de 23 páginas, también pide restricciones para prevenir que el sistema operativo móvil Android siga beneficiando al buscador.
La venta de Chrome “detendrá permanentemente el control de Google sobre este punto crítico de acceso de búsqueda y permitirá a los motores de búsqueda rivales acceder al navegador que, para muchos usuarios, es una puerta de entrada a Internet”, sostiene el Departamento de Justicia en el documento.
De acuerdo con la firma StatCounter, Chrome tiene cerca de 61 por ciento del mercado en Estados Unidos, además de ser el navegador web más usado en el mundo. Su valor de mercado se estima entre los 15 y 20 mil millones de dólares, según cálculos de Bloomberg.
La petición tiene su origen en la histórica demanda que presentó el Departamento de Justicia –en conjunto con decenas de fiscales estatales– en contra de Google en noviembre de 2023. En agosto de este año, un juez federal determinó que Google monopolizó ilegalmente los mercados de búsquedas y publicidad en línea durante la pasada década, gracias a la colocación por defecto de su motor de búsqueda en navegadores.
Los reguladores también han solicitado al juez que analice si Google también debería deshacerse de su sistema operativo móvil Android, en caso de que el comité de supervisión determine que existe evidencia de malversación. Además, pretenden que se le prohiba a Google firmar acuerdos millonarios con Apple para ser la opción predeterminada del iPhone en búsquedas, o que favorezca sus propios servicios, como YouTube.
A pesar de todo, existe la preocupación de que las autoridades entrantes, bajo la nueva administración del presidente Donald Trump, sean más permisivas con las grandes compañías tecnológicas. Las audiencias para la sentencia de Google comenzarán en abril de 2025 y se espera que la decisión final ocurra antes de septiembre.