El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en los próximos días las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas de 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal. A pesar de las implicaciones que tendrá esta decisión para los derechos humanos, la SCJN no ha hecho público el proyecto que será discutido por las y los ministros.
Las acciones de inconstitucionalidad desafían diversas porciones normativas de la LFDA y el CPF que son contrarias al derecho a la libertad de expresión, al establecer un mecanismo extrajudicial de censura previa (“notificación y retirada”), así como sancionan y prohíben la elusión de medidas tecnológicas de protección (MTP) de forma vaga e imprecisa, incluyendo el establecimiento de sanciones penales vagas y amplias que criminalizan el ejercicio legítimo de derechos.
El mecanismo de notificación y retirada es un instrumento que obliga a los proveedores de servicios de Internet a retirar cualquier contenido o publicación que haya sido acusada de violar los derechos de autor, sin necesidad de que la persona denunciante tenga que presentar prueba alguna de la infracción y sin que una autoridad administrativa o judicial lo ordene.
A pesar de que la ley contempla un sistema de contra-aviso para restaurar el material removido, este mecanismo es inefectivo, ya que el contenido seguirá censurado al menos 15 días hábiles, en lo que la persona que hizo la notificación decide si denuncia o demanda ante otra instancia. Si lo hace, ese contenido queda retirado hasta que no se resuelva el procedimiento, lo que genera una afectación grave al derecho a la libertad de expresión.
Este mecanismo ha sido utilizado con anterioridad para censurar contenidos de interés público bajo supuestas violaciones a los derechos de autor. Incluso en México, la propia vocería del Ejecutivo federal ha identificado el abuso de este sistema como “una estrategia de censura” para remover las conferencias matutinas del Presidente de la plataforma YouTube.
La Corte también discutirá la inconstitucionalidad de prohibir y sancionar la elusión de medidas tecnológicas de protección ─también conocidas como candados digitales─ de una manera amplia, vaga, imprecisa y restringiendo el ejercicio de derechos humanos. La reforma prohíbe y sanciona la elusión de manera amplia y generalizada, sin que se requiera un nexo causal entre dicha acción y la comisión de una conducta que infrinja los derechos de autor.
La LFDA sanciona de manera amplia estos actos, aún cuando dicha elusión sea necesaria para el ejercicio de derechos humanos y para fines legítimos no infractores como: la modificación del formato de libros electrónicos para hacerlos compatibles con diversos lectores; la compatibilidad de impresoras con cartuchos de tinta de distintas marcas; el desbloqueo de teléfonos para que sean compatibles con cualquier compañía de telecomunicaciones; la compatibilidad de periféricos y refacciones independientes de los fabricantes de vehículos, electrodomésticos, consolas de videojuegos y miles de aparatos electrónicos más.
Así mismo, la elusión de medidas tecnológicas de protección es necesaria para el diagnóstico y reparación de automóviles, tractores y muchos otros aparatos electrónicos cuyas funcionalidades son controladas por software, sin importar que los mismos hayan sido adquiridos legalmente, entre muchas otras actividades que no infringen derechos de autor, son de interés público e incluso son permitidas por las excepciones y limitaciones a los derechos de autor incluídas en la propia ley.
La decisión de estas acciones de inconstitucionalidad ponen en juego la libertad de expresión, la seguridad informática, la privacidad, el derecho a la propiedad y la economía de las personas usuarias de tecnología, la competencia y hasta el medio ambiente.
Por estos motivos, pedimos que el proyecto del ministro Javier Laynez se haga público, sobre todo a la luz de que, según se vio en las recientes sesiones del Pleno, su postura se inclina hacia sostener la constitucionalidad de las reformas. La publicación del proyecto que discutirá la Corte es indispensable para tener una discusión abierta e informada sobre los riesgos para los derechos y la autonomía tecnológica de las personas usuarias de tecnología en México.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
