Después de que el 29 de diciembre el gobierno federal anunció que abriría acceso a los archivos militares relacionados con el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 normalistas precisaron sus exigencias y expectativas de acceso a la información, informó El Universal.
Las familias insistieron en la entrega de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.), instancia que ya operaba en Iguala en 2014, además de transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.
Esta información está vinculada a la evidencia que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la SEDENA no destruir, ya que se documentaba el uso del aparato de inteligencia militar para vigilar a los actores vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes y la intercepción ilegal de comunicaciones realizada por el Ejército en 2014, obtenidas a través del uso del malware Pegasus.
En el comunicado de prensa publicado por el Centro Prodh, los padres y madres de los 43 desaparecidos reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad que han tenido que enfrentar desde hace casi una década.
Opinión que comparten instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que en su sexto y último informe, señalaron al Ejército como el principal obstáculo para la búsqueda de verdad y justicia, debido a sus constantes formas de obstaculizar el acceso a información valiosa para la investigación.
“Dado que el Presidente ha afirmado estar a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de poder agendar reuniones periódicas con el mandatario de cara al cierre del sexenio, a efecto de revisar continuamente los avances del caso”, refirió el comunicado del Centro Prodh.
Las familias también demandaron que la entrega de esos documentos a la Segob fuera el primer paso de la anunciada apertura por parte del presidente López Obrador, descartando acudir directamente a su búsqueda en instalaciones militares. De lo contrario, solo redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando se ha demostrado que ésta ha sido opaca ante el proceso de esclarecimiento.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
