Una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) ha documentado cómo blogs anónimos pidieron a Google retirar artículos periodísticos sobre personajes de la política, el mundo empresarial y estafadores, alegando falsamente que hubo plagio, para remover al menos 500 páginas de los buscadores de Google.
El CLIP mostró que más de 14 mil pedidos de remoción se originaron desde páginas web anónimas registradas en plataformas como Blogspot, Tumblr y WordPress, y la gran mayoría comenzó a aparecer en 2021. Además, la investigación logró vincular miles de estas peticiones con conexiones que apuntan a la empresa española de reputación digital Eliminalia, la cual había cambiado su nombre recientemente a iData Protection.
Eliminalia es una empresa que se dedicaba al negocio de conseguir que las plataformas y buscadores borraran información comprometedora de sus clientes, según lo reveló una investigación internacional liderada por Forbidden Stories, donde se filtró una lista extensa de figuras públicas que habían contratado los servicios de la compañía o sus empresas aliadas.
Las prácticas de Eliminalia ya habían sido denunciadas anteriormente, cuando la periodista española Eva Belmonte denunció en su cuenta de Twitter un abuso del mecanismo de notificación y retirada de Google, para desindexar una noticia publicada en el sitio que ella dirige, el cual era perjudicial para los entonces clientes de Eliminalia, mostrando así el modus operandi de estos casos fraudulentos.
Según el patrón que encontró la investigación de CLIP, estas empresas crean blogs anónimos donde copian la noticia que sus clientes quieren eliminar. Tras cambiar la fecha a un momento anterior a la publicación original, alegan que hubo violación de derechos de autor para obtener la remoción de los artículos.
Un vocero de Google afirmó en la investigación que son conscientes de esta práctica y admitió que un porcentaje de los pedidos de remoción ha pasado por debajo de sus controles de seguridad, lo cual es evidente ya que no hay un filtro claro que pueda ayudar a identificar que algunas personas usen credenciales falsas. Google incluso afirmó que la empresa no está en capacidad de verificar la exactitud de todos estos reclamos en la actualidad.
Esta investigación demuestra la escala de los abusos del mal llamado “derecho al olvido”, que es explotado por empresas como Eliminalia para vender a políticos y empresarios de todo el mundo la posibilidad de “limpiar su imagen pública” mediante la eliminación de información de interés público.
Uno de los casos recientes más sonados fue el del empresario peruano Roger Benites, quien fue acusado de cometer fraude a través de la plataforma de criptomonedas Bitinka, y que logró utilizar este mecanismo para tratar de eliminar cualquier rastro que lo vinculaba con las denuncias y casos abiertos de dicho escándalo.
Afortunadamente, en América Latina se han establecido precedentes favorables a la libertad de expresión y el derecho a la información respecto al falso “derecho al olvido”. En Argentina, la Corte Suprema decidió en el caso Denegri que no se puede eliminar una noticia o información por el mero paso del tiempo, ya que no se pierde su interés público y borrarla “pone en riesgo la historia como también el ejercicio de la memoria social”.
Por su parte, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una sentencia de una demanda de amparo promovida por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, que el llamado “derecho al olvido” es incompatible con el marco nacional e interamericano de libertad de expresión por violar la prohibición constitucional y convencional de censura previa.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
