La Comisionada para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, se dijo alarmada por el impacto que tienen las poderosas herramientas de intervención de dispositivos electrónicos en derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión, por lo que hizo un llamado a imponer una estricta moratoria a la venta, exportación y transferencia de herramientas como Pegasus.
Mijatović, quien escribió una carta pública dirigida a los estados miembro del Consejo de Europa, recordó que a pesar de que han pasado 18 meses desde la publicación del Proyecto Pegasus y que existe amplia evidencia de que el malware ha sido utilizado de forma ilegal, para realizar espionaje a nivel doméstico e internacional.
Estas acciones tienen graves efectos en el ejercicio de los derechos humanos y crea un clima de autocensura y miedo en el que las personas pueden ser tratadas como sospechosas, lo cual afecta principalmente a personas defensoras, periodistas y miembros activos de la vida política, considera la Comisionada.
Más grave aún, señaló Mijatović, que ante el poder e intrusividad de Pegasus no se puede saber si su uso puede corresponderse con los objetivos, ofensas y actividades que van a ser vigiladas; es decir, que los efectos de la herramienta al entorno de las personas vigiladas y el nivel de intrusividad que alcanza son tales que nunca podrá ser precisa o restringirse a una sola persona o momento.
Por lo que es virtualmente inimaginable que el uso de Pegasus o spyware equivalente pueda ser considerado en concordancia con la ley y bajo las salvaguardas necesarias como establece la Corte Europea de los Derechos Humanos, aseguró la Comisionada, quien añadió que en la actualidad ningún Estado miembro tiene un marco legal satisfactorio para la operación de sus servicios nacionales de seguridad.
Ante este panorama, Mijatović pidió a los integrantes del Consejo de Europa que reconozcan que el escándalo de Pegasus es mucho más que solo un episodio vergonzoso; ya que los marcos regulatorios actuales, en combinación con las débiles estructuras de supervisión permitieron las graves invasiones a la privacidad y el retan tanto el concepto de los derechos individuales, como ponen en peligro “la esencia misma de las sociedades democráticas”.
Asimismo, hizo un llamado a imponer una “estricta moratoria a la exportación, venta, transferencia, y uso de herramientas zero-click altamente intrusivas como Pegasus, y establecer un marco legislativo preciso en concordancia con los derechos humanos para el uso de la moderna tecnología de vigilancia”, como lo han hecho en el pasado especialistas y funcionarias como la anterior Alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
