El gobierno de Grecia anunció que prohibirá completamente la venta de spyware en su territorio, después de un escándalo de espionaje en el que una treintena de personas aseguraron haber sido objetivo de una operación del servicio de inteligencia nacional con el spyware conocido como “Predator”, de acuerdo con Gizmodo.
Aunque no hay aún detalles de la prohibición, la cual será incluida en una propuesta legislativa próxima a presentarse; sin embargo, esta podría sentar un precedente positivo para un problema que no solo es regional, sino global como lo demuestra el Proyecto Pegasus.
La determinación del gobierno griego se da después de semanas de negar graves denuncias de abuso con el spyware Predator, con capacidad para infiltrar dispositivos móviles de manera furtiva para robar información y el cual es vendido por la empresa Cytrox, basada en Macedonia del Norte.
En julio, el político e integrante del Parlamento Europeo, Nikos Androulakis, descubrió que había sido objetivo del spyware, y aunque el gobierno griego negó en primera instancia haberlo espiado, posteriormente se reveló que el servicio gubernamental de inteligencia sí lo había monitoreado.
Recientemente, una investigación del medio Documento, aseguró que 33 personas, como periodistas, del empresariado y mundo político, entre los que se encuentran el actual ministro de Trabajo, del Exterior, Finanzas, Desarrollo y exministros de protección civil y algunas personas de sus familias, fueron objetivo del spyware Predator, aunque se desconoce cuáles fueron los motivos por los que fueron espiadas y qué información se sustrajo.
Grecia es el último de los países europeos que enfrentan un escándalo por el abuso de tecnología de vigilancia, como el Reino Unido, Francia, Polonia, España y Hungría. Esta crisis regional provocó que el Parlamento Europeo lanzara el Comité para investigar el uso de Pegasus y spyware de vigilancia equivalente (PEGA), el cual recientemente presentó su primer borrador tras seis meses de trabajo.
En este borrador, el Comité se sumó a la propuesta de imponer una moratoria global a la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que no se pueda garantizar el respeto a los estándares y derechos humanos en su uso, propuesta similar a la prohibición que establecería Grecia y que ha sido apoyada por especialistas de la ONU y la anterior Alta Comisionada, Michelle Bachelet.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
