“El proceso de elaboración de una ley de ciberseguridad no ha contemplado la participación equitativa de todos los actores”, señaló Grecia Macías, abogada de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante la sesión de Parlamento Abierto convocada el lunes 31 de octubre por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.
La representante de R3D cuestionó la ausencia de la sociedad civil del debate. “¿Ciberseguridad para quién? Mientras a actores empresariales y estatales ─especialmente a las Fuerzas Armadas─, se les otorga un acceso privilegiado, a las organizaciones de derechos humanos apenas se nos dan dos minutos”, comentó, refiriéndose al tiempo de intervención destinado para la sesión.
Macías también señaló que las organizaciones de la sociedad civil han sido excluidas de las mesas de trabajo desde hace más de nueve meses y pidió a las Comisiones Unidas que garanticen una participación multiactor equitativa, en congruencia con las afirmaciones del Estado Mexicano ante organismos internacionales como las Naciones Unidas.
La abogada indicó que las propuestas actuales proponen medidas que atentan contra la privacidad y los derechos en línea, además de criminalizar usos legítimos de la tecnología. “No es la falta de tipos penales ni la severidad de las penas lo que provoca o previene los ataques informáticos”, recalcó.
Macías también criticó el enfoque de militarización del Internet y recordó que es el propio Estado desde donde se perpetran delitos informáticos con impunidad, en referencia a los hallazgos sobre espionaje ilegal de la investigación Ejército Espía.
Por su parte, la abogada Francia Pietrasanta, oficial jurídica de R3D, aprovechó su intervención para recomendar que las personas sean el foco de protección de cualquier legislación en materia de ciberseguridad. Pietrasanta pidió que se realice un estudio comprensivo y enfocado en las verdaderas necesidades de ciberseguridad a nivel nacional antes de legislar.
La oficial jurídica también advirtió que “la ciberseguridad y la creación de delitos informáticos son dos áreas distintas”, por lo que pidió alejarse del enfoque punitivista, ya que la creación de tipos penales se vuelve peligrosa para la ciudadanía. Pidió evitar “a toda costa” criminalizar y estigmatizar el uso de las TIC, en especial por parte de personas investigadoras de seguridad digital, alertadoras y periodistas.
Finalmente, Pietrasanta recordó que el cifrado y el anonimato son básicos para una sociedad democrática, por lo que aclaró que ninguna ley “debe habilitar medidas que rompan el cifrado o vulneren el anonimato que habilitan diversos derechos humanos a todas las personas”.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
