El jueves 26 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una serie de recomendaciones a autoridades del Estado mexicano sobre el caso #GobiernoEspía.
La CNDH reconoció que con el marco normativo actual para la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia existe un gran riesgo de abuso que conlleva un grave impacto en derechos como la libertad de expresión y a defender los derechos humanos.
En la Recomendación General 47/2022 la CNDH solicita a las cámaras de Diputados y Senadores, así como a la Comisión Bicamaral de Seguridad del Poder Legislativo que se modifique y adicione el marco jurídico actual (la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Militar de Procedimientos Penales) sobre la intervención de comunicaciones privadas evitando usar “términos generales, abiertos y ambiguos” sobre qué actos pueden considerarse como amenazas a la seguridad nacional.
Además, la CNDH pide que se establezcan procedimientos con criterios “claros e inequívocos” sobre la “elección, adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos” y que se precise el perfil de las personas servidoras públicas responsables de llevar a cabo estas actividades así como de las que manejan la información obtenida mediante estas tecnologías.
La Comisión también pide que en la modificación al marco jurídico se prevean responsabilidades de las empresas que desarrollan y comercializan la tecnología de vigilancia, cuando sus actividades puedan ocasionar violaciones a los derechos humanos; que se establezcan prohibiciones claras y específicas sobre la “modificación personalizada de los productos, la selección de objetivos y prestación de servicios de mantenimiento o asistencia que supongan una infracción al derecho nacional e internacional de los derechos humanos”.
Finalmente, al Poder Legislativo le solicita que se modifique y adicione el marco jurídico para que se establezca una obligación de rendir informes al Poder Judicial de la Federación a las autoridades que realicen intervenciones a comunicaciones privadas, que tenga una “periodicidad específica, sobre el uso y destino de los datos e información obtenidos”.
La CNDH también pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que impulse ante el Consejo de Seguridad Nacional la emisión de un instrumento administrativo que regule el uso de la tecnología de vigilancias; además,a la Fiscalía General de la República le exhortó a que continúe con la investigación y realice las diligencias necesarias para acreditar la responsabilidad de todas las personas servidoras públicas involucradas en dicha indagatoria.
En su recomendación, la CNDH reconoce que al adquirir el sistema Pegasus, entre 2011 y 2017, el Gobierno Federal no tomó las medidas necesarias para “contener el riesgo y prevenir las posibles violaciones a derechos humanos” que implicaba poseer el sistema, a pesar de su “potencialidad lesiva”.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
