El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, compareció el viernes 5 de noviembre ante la Cámara de Diputados acerca de los requerimientos presupuestales del INE para el año 2022. Durante su intervención, Córdova emitió diversas afirmaciones falsas relacionadas con el sistema de voto por Internet implementado en las últimas elecciones intermedias para personas mexicanas residentes en el extranjero.
Al respecto, el Consejero Presidente señaló que “[…] no hay un solo reclamo, no lo he escuchado y no lo ha habido, ni siquiera en la palestra pública, respecto al uso de un mecanismo para votar a través de Internet. Se ha demostrado su seguridad, su confianza, y afortunadamente lo pusimos a prueba en una elección intermedia, de modo tal que podemos avanzar con pies de plomo y con certeza y confianza hacia su eventual instrumentación en 2024”.
Sin embargo, desde la sociedad civil se ha cuestionado severamente la implementación del sistema de voto por Internet, debido a que por diseño es incapaz de garantizar la cadena de confianza en la elección. Además, los riesgos y vulnerabilidades del voto por Internet han sido sistemáticamente minimizados y ocultados por las autoridades electorales, quienes incluso han reservado por cinco años el acceso a la información relacionada con las auditorías realizadas al sistema, por supuestas razones de seguridad nacional.
Estas críticas y preocupaciones no solo se han hecho desde foros públicos, sino que fueron compartidas directamente con la propia consejería del Consejero Presidente en una reunión con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales el 16 de marzo de 2021. Durante más de una hora, el equipo de trabajo de Córdova Vianello recibió de manera detallada nuestros cuestionamientos y objeciones sobre el sistema de voto por Internet que sería implementado en las votaciones intermedias.
En dicha reunión, expresamos nuestra preocupación por la reserva hecha por el INE respecto de la información relacionada con el funcionamiento y seguridad del sistema de voto por Internet, lo cual impide el escrutinio público y no permite al INE sostener públicamente la confiabilidad del sistema. Incluso, el equipo de trabajo confirmó estar al tanto de un litigio impuesto por R3D ante el Poder Judicial para acceder a dicha información.
Desde R3D hemos estado en contacto con las y los Consejeros Electorales del INE antes, durante y después de las elecciones intermedias por diversas vías de comunicación. Hemos externado al Instituto nuestras críticas sobre los riesgos del sistema de voto por Internet a través de reuniones virtuales con las consejerías, comunicaciones directas por vía electrónica y por envío escrito.
A pesar de todo lo anterior, el Consejero Presidente decidió mentir abiertamente a la Cámara de Diputados para invisibilizar las críticas de la sociedad civil. Al ocultar esta información de franca relevancia al Congreso, Lorenzo Córdova no solo muestra su desprecio y desinterés por el diálogo sostenido con la ciudadanía en los últimos meses, sino que falla con su obligación legal de rendición de cuentas y viola el juramento de decir verdad establecido en el artículo 93 de la Constitución.
Desde R3D condenamos estas omisiones, ya que afectan los principios constitucionales de rendición de cuentas y transparencia, así como el derecho a la información de las y los mexicanos. Por su importancia en la vida democrática del país, el voto por Internet es un tema de interés público que merece transparencia y una discusión amplia, inclusiva y profunda de todos los sectores, sin acallar las voces críticas.
Por ello, exigimos que el Consejero Presidente rectifique la falsedad de sus declaraciones y se comprometa formalmente a abrir espacios plurales para debatir los pros y contras del sistema de voto por Internet en México.
Así mismo, reiteramos nuestra solicitud para que el INE haga pública y accesible la información sobre los procesos de auditoría realizados, publique el código del software utilizado por el sistema y realice pruebas públicas de penetración bajo recompensa de manera que la sociedad pueda hacer un escrutinio público en torno a la viabilidad legal y técnica del voto por Internet en México.
