La administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pagó 312 millones 895 mil pesos a la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien vendió el malware Pegasus a la Fiscalía General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre noviembre de 2019 y junio de 2020, la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., la cual fue creada por prestanombres de Ansbacher en 2017, recibió 231 millones de pesos de diversas dependencias del gobierno federal. De este dinero, explica la ASF, repartió 146 millones de pesos a seis empresas, las cuales distribuyeron 127 millones 778 mil pesos a 15 empresas más.
Estas 21 empresas que recibieron recursos del gobierno federal “no tienen relación con la prestación de servicios proporcionados” y ocho están directamente vinculadas entre sí al tener a las mismas personas como accionistas, compartir domicilios fiscales, números telefónicos, correos electrónicos en el Registro Federal de Contribuyentes y fueron constituidas en las mismas fechas o ante el mismo notario público.
De acuerdo con la ASF, 19 de las empresas involucradas, incluyendo a Comercializadora Antsua, no reportaron movimientos relacionados con sueldos y salarios, ni empleados entre los años 2019 y 2020. Además, 20 eran de reciente constitución, incluyendo la empresa proveedora y 10 no presentaron ingresos o no presentaron su declaración ante el Servicio de Administración Tributaria para el ejercicio 2020.
En el reporte, la ASF da cuenta de una nueva empresa vinculada a la red Ansbacher, denominada Nemecisco S.A. de C.V., que recibió 81 millones de pesos del Instituto Nacional de Migración (INAMI); monto 10 veces mayor al costo real del servicio contratado, por 8 millones de pesos. Nemecisco repartió 84 millones de pesos a otras seis empresas, tres en México, una en Panamá, otra en Hong Kong y la última en Israel.
Esta no es la primera información publicada sobre la contratación de una empresa de Ansbacher por el INAMI, ya que en agosto pasado se reveló que el Instituto contrató (CS/INM/136/2019) a Comercializadora Antsua para el arrendamiento y soporte de equipo de cómputo, por el que pagó 113 millones de pesos.
La investigación de la Auditoría encontró graves irregularidades, ya que la empresa había adquirido esos mismos equipos en 65 millones de pesos; no cumplían con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro que requería el INAMI y en algunos casos, ni siquiera se pudo acreditar su existencia.
En julio de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mencionó a Antsua como proveedor vinculado a la red de Pegasus con el contrato OADPRS/DGA/A/030/2018, suscrito por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Imagen: Captura pantalla Conferencia Presidencial 25 julio de 2021
