Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, advirtió que aunque hubo un cambio de discurso con el nuevo gobierno acerca de las prácticas abusivas e ilegales de intervención de comunicaciones privadas, en los hechos no se ha traducido en prácticas diferentes ni en compromisos verificables.

García afirmó esto durante su participación en el panel “Intervención de comunicaciones privadas ¿Cómo realizar un adecuado control democrático?” de la Open Government Week, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El director de R3D calificó de urgentes los controles democráticos en la vigilancia de las comunicaciones, debido al impacto que tiene su uso ilegal en la ciudadanía, su seguridad e incluso en la democracia. Por ejemplo, uno de los aspectos más preocupantes de estas prácticas es que la mayoría de las víctimas ni siquiera sabe cuando son objeto de espionaje y, por lo tanto, no puede defenderse.

En el caso mexicano, el abuso constante de las autoridades con acceso a la tecnología de vigilancia trasciende la supuesta validez legal de las pruebas obtenidas mediante estas prácticas, mencionó.

García Muñoz señaló el espionaje con Pegasus como un caso paradigmático que demuestra la ausencia de una regulación suficiente sobre la intervención de las comunicaciones privadas, ya que no solo se cometió el abuso, sino que la Procuraduría General de la República pudo mentir y ocultar las pruebas sobre la adquisición y uso del malware durante mucho tiempo.

“Lo que se tiene que evitar es que sea imposible hacer un escrutinio sobre la utilización de estas herramientas”, explicó. “No nos pueden pedir confianza a ciegas, debe haber forma de verificar”.

El director de R3D también señaló que hay algunas buenas prácticas en el país que deben continuar fortaleciéndose, como la obligación de las autoridades con facultades de vigilancia de reportar trimestralmente datos a la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, estas prácticas son insuficientes, por lo que deben crearse registros sobre los equipos en el país y normar sus adquisiciones.

García finalizó su participación con un llamado a llevar a cabo una reforma integral para establecer controles democráticos sobre la vigilancia, ya que la impunidad y la falta de regulación adecuada son también obstáculos para llevar a cabo un mejor trabajo para las policías y fiscalías de este país. Para esta reforma, el gobierno puede contar con la honestidad intelectual y experiencia de las organizaciones de la sociedad civil.

Imagen de Presidencia de la República Mexicana (CC BY 2.0)