La guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón dejó un saldo de miles de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas; así como el despilfarro de miles de millones de pesos de dinero público.
Pero para Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, el botín fue un negocio extraordinario, exorbitante.
El llamado superpolicía de Calderón enfrenta actualmente cargos en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, García Luna no se habría beneficiado únicamente del dinero de la delincuencia organizada, sino que amasó parte de su grotesca fortuna gracias al multimillonario gasto gubernamental en tecnologías de vigilancia.
Sentirse como en casa
En marzo de 2019, la investigación periodística El proyecto secreto de la periodista Peniley Ramírez reveló que García Luna había utilizado herramientas de vigilancia adquiridas por la Secretaría de Seguridad Pública con fines privados.
De acuerdo con el reportaje, la SSP canalizó al menos a una decena de servidores públicos para trabajar paralelamente en la empresa ICIT, ubicada en un edificio residencial en Polanco. Las fuentes consultadas en las investigación mostraron pruebas de que se usaron cuentas de correo electrónico oficiales del gobierno para atender asuntos de la empresa, durante días y horarios de oficina.
ICIT operaba el programa de vigilancia NiceTrack, el cual fue adquirido en 2008 por la SSP a la empresa NICE Systems Ltd., cuyo representante era Samuel Weinberg. Él, junto con su hijo Alexis Weinberg, se han dedicado a la comercialización de tecnologías de seguridad israelíes en América Latina.
Una multa de tráfico fue la pista que le permitió a Peniley Ramírez identificar uno de los nexos de García Luna con los Weinberg. En la infracción, el exsecretario proporcionó la dirección de una lujosa mansión de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, Florida; propiedad a nombre de un consorcio de la familia Weinberg. Posteriormente, García Luna se mudó a otro departamento de lujo ─valuado en 2.3 millones de dólares─ también vinculado con la familia.
─ Mi papá conoció a Genaro desde que trabajaba en el Cisen, hace más de 30 años ─ aceptó Alexis Weinberg. La relación entre ambos data desde la década de los años ochenta, cuando el funcionario recién iniciaba su carrera en las oficinas de inteligencia.
Con el paso de los años, este vínculo se fue haciendo cada vez más estrecho, hasta convertirse en una de las historias de corrupción más escandalosas de la industria de la vigilancia en México.
Amistad millonaria
A pesar de que Alexis Weinberg ha negado públicamente que él o su padre se hayan beneficiado por su amistad con García Luna, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales obtuvo, a partir de solicitudes de acceso a la información, una serie de contratos de adquisición de tecnologías de vigilancia celebrados entre la SSP y empresas vinculadas a la familia, entre 2009 y 2013. Los contratos son revelados al público por primera vez.
La Secretaría y la empresa israelí NICE Systems Ltd. ─representada por Mauricio Samuel Weinberg López─ firmaron tres contratos por adjudicación directa (SSP/PFP/CNS/002/2009, SSP/PFP/CNS/003/2009 y SSP/PFP/CNS/017/2009) para la adquisición del sistema de rastreo de teléfonos móviles NiceTrack Location Tracking System. Los contratos se celebraron en menos de un mes ─entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 2009─ por una suma total superior a 69 millones de dólares.
De acuerdo con un documento de ventas filtrado a través de WikiLeaks, NiceTrack Location Tracking “transforma datos de localización en inteligencia crítica para misiones […] maneja volúmenes masivos de datos de suscriptores y entrega ubicaciones confiables y precisas en tiempo real”.
Entre sus funcionalidades, NiceTrack permite la solicitud de información basada en la localización del objetivo; la definición de perímetros geográficos que alerten ante la presencia de la persona vigilada; o la creación de perfiles de patrones rutinarios que notifiquen la aparición de comportamientos inusuales.
R3D localizó facturas y dos contratos más por adjudicación directa, celebrados con la empresa panameña Nunvav Inc. en 2011 y 2012: uno para la compra del sistema Safe City (SSP/PF/CNS/017/2011) por 2.5 millones de dólares, y otro para la adquisición del equipo de intercepción de comunicaciones LAGUNA, desarrollado por la empresa estadounidense Spectra Group (SSP/PF/CNS/026/2012), por 12 millones de dólares. Jorge Luis Castilla Aguilar y Rosalba Tapia Alvarado fueron los representantes de Nunvav en los contratos.
De acuerdo con el sitio web de Spectra Group, LAGUNA es una unidad de intervención de redes móviles “con un analizador masivo y en tiempo real de frecuencias móviles A5/0/2/1/3, capaz de conseguir una extraordinaria tasa de éxito de 99.9%”. El sistema LAGUNA está diseñado para monitorear y grabar conversaciones telefónicas y datos en sistemas de comunicación móvil.
El negocio de Nunvav se extendió hasta la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (SEIDO-PGR) suscribió un contrato por más de 2.7 millones de pesos para el mantenimiento del sistema LAGUNA (PGR/AD/CN/SERV/160/2013).
Tras los pasos de Nunvav
Nunvav, como prácticamente todas las empresas dedicadas a la comercialización de tecnologías de vigilancia, tiene una historia elusiva. La empresa fue constituida en 2005, en Panamá, y comenzó operaciones en México hacia finales del sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con el acta constitutiva, obtenida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente de la compañía es Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg; mientras que como secretario y tesorero aparece Roberto Silvestri.
La organización C4ADS documentó la red de corrupción de Nunvav y su relación con García Luna. Tras la detención del funcionario en Estados Unidos, el gobierno mexicano ─a través de la Unidad de Inteligencia Financiera─ congeló 11 cuentas bancarias relacionadas con García Luna y sus allegados; entre ellas, las de Samuel y Alexis Weinberg.
La UIF acusa a Genaro García Luna, los Weinberg y sus asociados, de crear una red de empresas fantasma usadas para depositar 50 millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos, Hong Kong, Barbados, Panamá, Israel, Reino Unido, entre otros. En el centro de las actividades de esta red en México se encuentran Nunvav e ICIT.
De acuerdo al informe de C4ADS, Nunvav depositó alrededor de 215 millones de dólares en sus cuentas bancarias entre 2012 y 2018. A pesar de que la mayoría del dinero parece haber salido de contratos gubernamentales, la UIF acusa que algunos de estos depósitos podrían ser parte de los sobornos recibidos por García Luna.
Nunvav transfirió parte de esos fondos a dos empresas de los Weinberg (ICIT Private Security México SA de CV e ICIT Holding S.A. de C.V.), así como a GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC, otra compañía propiedad de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Otro vínculo importante hallado es que Vanesa Pedraza Madrid, asesora del exsecretario de Seguridad Pública, aparece como apoderada general de Nunvav Inc. Pedraza trabajó en la SSP de 2001 a 2012. En 2008 se sumó a la coordinación de asesores de García Luna como directora general adjunta, donde le reportaba directamente al funcionario.
Además. MCCI localizó el acta de ICIT Holding Inc, empresa cuya oficina de representación en Estados Unidos estaba ubicada en Aventura, Florida, en una dirección que corresponde a un despacho adquirido por García Luna en 2018.
¿De qué vive García Luna?
─ ¿Y de qué vive García Luna? ─ pregunta el periodista Carlos Loret de Mola al exsecretario durante una entrevista televisiva en noviembre de 2018.
─ Soy consultor en seguridad ─ responde el exfuncionario. ─ También hago proyectos para tecnología en el área de seguridad. Tengo también un trabajo remunerado importante con una empresa.
Como documentó Peniley Ramírez en El proyecto secreto, García Luna ha explotado al máximo las adquisiciones de tecnologías de vigilancia para beneficio propio.
De acuerdo con el reportaje, personal de la SSP fue canalizado a ICIT, una oficina discreta en Polanco, en la Ciudad de México, donde ─entre otras actividades dudosas─ utilizaban el software NiceTrack. La unidad, relata la investigación, era coordinada por Vanesa Pedraza, encargada de reclutar al personal.
Además, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación reportó varias irregularidades en torno a NiceTrack; entre ellas, que 27 bienes relacionados con los contratos no fueron localizados.
La ASF cuestionó que “no se especificaron los bienes adquiridos que serían entregados para la instalación y puesta en marcha del Sistema adquirido. Los bienes no tienen asignado número de inventario ni se encuentran considerados en el inventario de bienes muebles de la PF y tampoco están resguardados”. El informe también criticó la ausencia de facturas originales por casi 600 mil pesos, así como la falta de evidencia documental de la entrega-recepción, instalación y puesta en operación del sistema.
Los beneficios personales continuaron aún después de dejar el cargo. Dos semanas después de que García Luna terminó su gestión como secretario de Seguridad Pública federal, se celebró un contrato entre la empresa panameña Merchant Maritime Agency y GL & Associates Consulting (GLAC), una empresa registrada por el funcionario y su esposa.
En dicho contrato, Merchant (compañía que existe únicamente en el papel) es representada por Roberto Silvestri ─también secretario y tesorero de Nunvav─, mientras que por GLAC, firma el propio Genaro García Luna.
En este contrato, Merchant se compromete a pagarle 50 mil dólares mensuales a García Luna, además de excluir a México como lugar de prestación de servicios; probablemente, con la finalidad de no violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohibía obtener beneficios privados derivados de la información confidencial obtenida por la función pública, hasta por un año después de dejar el cargo.
En 2015, se suscribió un nuevo contrato, prácticamente idéntico, entre las empresas Nunvav y Delta, otra compañía registrada por García Luna, con su esposa Linda Cristina Pereyra como presidenta. A diferencia del anterior, el acuerdo de remuneración por servicios de consultoría ascendió a 160 mil dólares al mes, además de retirar la exclusión de México para la prestación de servicios.
Los contratos entre Merchant y GLAC, y entre Nunvav y Delta ─así como otros documentos relacionados con Genaro García Luna─ se encuentran disponibles públicamente a través del navegador TOR en esta dirección, a la que R3D tuvo conocimiento a partir de un mensaje anónimo.
Millonarios de la guerra
Genaro García Luna se enriqueció de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, gracias a la colusión con una red de corrupción documentada a detalle en el libro Los millonarios de la guerra de Peniley Ramírez (2020). Sus nexos con la familia Weinberg derivaron en ingresos multimillonarios, solapados por una industria que opera sin reglas, sin rendición de cuentas y en total opacidad.
Desafortunadamente, la súbita fortuna de García Luna no es un caso aislado. Por el contrario, es muestra del patrón sistemático de corrupción que rodea la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México.
Estos millonarios contratos son adjudicados de forma arbitraria y discrecional, a través de esquemas de desviación de recursos, y significan la erogación de miles de millones de pesos de dinero público. Millones que, como en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, terminan engrosando sus cuentas bancarias.
Se ha documentado que estas herramientas, presuntamente destinadas para el combate a la delincuencia, son abusadas cotidianamente para espiar a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Han sido utilizadas para beneficio privado de funcionarios, e incluso, aprovechadas por el propio crimen organizado a través de sobornos a las autoridades.
A pesar de toda la evidencia recolectada en los últimos años, la impunidad prevalece en México. Peor aún, se mantiene inexplicablemente la falta de regulación en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia. En tanto no exista un esfuerzo serio para implementar mecanismos independientes de control y rendición de cuentas, seguiremos privados de la posibilidad de prevenir, detectar y castigar estos actos de corrupción, malversación y abusos a derechos humanos.
Imagen de Gobierno Federal (CC BY-NC-SA 2.0)
