La industria global de desarrollo de tecnología de vigilancia está fuera de control, alerta el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, en un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian. De acuerdo a su visión, las empresas actúan sin rendición de cuentas ni límites, dotando a gobiernos de un acceso relativamente barato a avanzadas herramientas de espionaje.
En su texto, Kaye argumenta que es necesario y urgente regular a la industria global de tecnología de vigilancia –aunque parezca imposible– debido a los graves efectos que tiene su tecnología, usada para espiar a personas que deberían ser protegidas por su rol en las democracias del mundo.
Los ejemplos al respecto abundan alrededor del mundo, con empresas como NSO Group y FinFisher, que han permitido a gobiernos autoritarios o con un pésimo historial en el respeto a las libertades espiar con tecnologías extremadamente invasivas los dispositivos de activistas, periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Por ejemplo, WhatsApp demandó recientemente a NSO Group por utilizar su plataforma para atacar a un número indeterminado de personas con Pegasus entre abril y mayo de 2019.
Para lograr esta regulación, el relator propone la restricción en la exportación de software para espiar, a través de la actualización de los marcos normativos que ya existen para uso militar y comercial, incluyendo el Acuerdo de Wassenaar; aunque asegura que, en la actualidad, la única respuesta efectiva es una moratoria total a su exportación, como indicó en su informe presentado ante las Naciones Unidas en junio.
Kaye también hace un llamado a las empresas para que desarrollen controles efectivos sobre su tecnología y cómo se usa; controles que vayan más allá de una presunta autorregulación y las obliguen a transparentar clientes; reglas estrictas para controlar el uso de las herramientas para evitar abusos a los derechos humanos; interruptores de apagado cuando se descubran violaciones, entre otras políticas.
Finalmente, el relator recomienda que los gobiernos faciliten a víctimas de abusos tomar acciones legales contra empresas o gobiernos, modificando sus leyes para que sea posible hacer responsables a quienes estén detrás de estas acciones.
Imagen: (CC-BY 2.0) Electronic Frontier Foundation / Wikimedia Commons
