La ciudad de Somerville, en Massachusetts, Estados Unidos, se convirtió en la segunda ciudad de este país en prohibir el uso de reconocimiento facial en espacios públicos, después de que San Francisco aprobara una regulación similar a mediados de mayo de 2019.
La Ordenanza de prohibición total de vigilancia facial prohíbe que cualquier “departamento, agencia, buró y subordinado de la ciudad de Somerville” utilice software de reconocimiento facial en espacios públicos, informó Motherboard. La vigilancia facial es definida por consejo de la ciudad como “un proceso automatizado o semiautomatizado que asiste en identificar un individuo, capturando información sobre un individuo basado en sus características físicas o rostro”.
De acuerdo con la directora de tecnología para el Programa de Libertad de la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU), Kade Crockford, los municipios deben abogar por este tipo de legislaciones, debido a su capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de la ley.
“Los gobiernos estatales tienen la capacidad de regular, donde los gobiernos locales realmente no. No tienen la habilidad, por ejemplo, de crear nuevas instituciones que puedan vigilar, con suficiente cuidado y atención, la implementación de supervisión y sistemas de responsabilidad para proteger contra abusos a las libertades y derechos civiles”, explicó Crockford.
Actualmente, la ACLU está abogando por una moratoria o pausa al uso de tecnología de reconocimiento facial a nivel estatal y una prohibición a nivel municipal.
La ciudad de Somerville ya contaba con positivos antecedentes legislativos sobre el control de la videovigilancia, como su Política Ejecutiva sobre Tecnología de Vigilancia, en efecto desde 2017, la cual obligaba a que cualquier uso de este tipo de tecnología tuviera un uso público, políticas de privacidad, información sobre compartición de datos y reportes de uso anuales.
Debido al acelerado y cada vez más lucrativo mercado de la videovigilancia y el análisis de la información que produce, es muy importante comenzar a implementar políticas para supervisar, evitar su abuso e incluso prevenir completamente la adopción de estas tecnologías, señala el especialista Jay Stanley autor de un reciente reporte para la ACLU al respecto.
El mes próximo, la ciudad de Oakland, en California, podría votar una ordenanza similar para prohibir el uso de tecnología de reconocimiento facial.