Después de siete años de asilo diplomático en la embajada de Ecuador en Londres, el periodista australiano Julian Assange, cofundador de Wikileaks, fue arrestado la mañana del 11 de abril por la policía británica bajo una petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

La acusación del gobierno de EE.UU. es que Assange conspiró con la informante Chelsea Manning para obtener documentos clasificados y ayudarle a acceder a un red gubernamental clasificada. Por este cargo, el periodista podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel, aunque Estados Unidos podría añadir más cargos en su contra.

La detención de Assange ha provocado diversas reacciones, entre ellas, la del informante Edward Snowden, quien calificó el acontecimiento como “un momento oscuro para la libertad de prensa”. Snowden también recordó que la Organización de las Naciones Unidas determinó que el confinamiento de Assange en la embajada ecuatoriano era una detención arbitraria y que el Reino Unido debía permitirle salir libre.

Por su parte, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) indicó en un comunicado que “enjuiciar a un editor extranjero por violar las leyes de secrecía de EE.UU. establecería un precedente especialmente peligroso para los periodistas estadounidenses, quienes rutinariamente violan leyes de secrecía extranjeras para entregar información vital de interés público”.

Además, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apuntó que el arresto de Assange y su posible extradición representan “un desafío para libertad de prensa”, y que independientemente de la controversia que rodea a su figura, “en el tema de fondo, el principio es que los periodistas no deberían ser penalizados por publicar información de interés público (aún si era reservada)”.

Trevor Timm, director de la Freedom of the Press Foundation, indicó en un posicionamiento que el gobierno de Donald Trump ha manufacturado un cargo que “podría criminalizar muchas interacciones comunes entre periodistas y fuentes de las que los reporteros dependen todo el tiempo”. De acuerdo con Timm, el enjuiciamiento de Assange podría criminalizar actividades como requerir más documentos de una fuente, utilizar un servicio de mensajería cifrado o intentar mantener la identidad de una fuente en el anonimato. “Te guste o no Assange, el cargo en su contra es una amenaza seria a la libertad de prensa”.

Imagen de Espen Moe (CC BY 2.0)