Las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, ContraPESO y SocialTIC protestamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que presente resultados de la investigación sobre el espionaje en contra de activistas por el derecho a la salud, Alejandro Calvillo y Luis Miguel Encarnación, y un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, con el malware Pegasus.

Además, hace un año, decenas de expertos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos digitales y promoción de políticas de salud pública demandaron al presidente mexicano Enrique Peña Nieto investigar y castigar a los responsables, sin embargo a la fecha no se ha presentado ningún avance sustantivo de la “investigación”, en cambio se ha demostrado una falta de capacidad y voluntad política para llevarla a cabo.

Las organizaciones señalamos las siguientes omisiones de la PGR:

• En el expediente, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR ha aceptado que adquirió las licencias de uso de Pegasus y que el equipo desde el cual se opera dicho software se encuentra ubicado en sus oficinas de la Ciudad de México. Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a cargo del caso, no ha realizado ningún acto de investigación respecto de la AIC a pesar de estos elementos y de reiteradas solicitudes de parte de los denunciantes y de recomendaciones de peritos expertos en la investigación, como Citizen Lab.
• No se han identificado ni entrevistado a los agentes entrenados para operar Pegasus.
• No se han hecho visitas a las instalaciones en las que es operado el software.
• No se han revisado las cámaras de vigilancia, registros, bitácoras o medidas de seguridad implementadas en torno al uso del sistema.
• No se ha solicitado el contrato y anexo técnico por el que adquirió Pegasus a pesar de que éste ya se ha hecho público por la prensa.
• La Fiscalía no ha solicitado documentos adicionales ni realizado práctica forense alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece satisfecha con la inverosímil aseveración de la agencia de que “no existe base de datos en la que se registre los números y personas” espiadas con Pegasus. Es decir, no sabe contra quién ha usado Pegasus.
• Como fue señalado por The New York Times el pasado 20 de febrero, expertos forenses y la propia empresa fabricante del malware, NSO Group, un análisis forense de los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus debe encontrar un registro de las infecciones realizadas con ese sistema. No obstante, la Fiscalía se ha negado a hacer cualquier acto de investigación al respecto.
• Por el contrario, la investigación se ha centrado en diligencias inútiles como búsquedas en Google, en páginas como “quienhabla.mx” y “pipl.com”, en perfiles de redes sociales de los denunciantes o solicitudes de información a más de 2000 municipios en el país.
• Las solicitudes de colaboración a instituciones como el FBI no han arrojado ningún resultado; al respecto The New York Times reveló que una fuente del FBI confirmó que no participarían en una investigación que amenaza con ser una “simulación”. En este sentido, la PGR pudo haber usado dolosamente el nombre de instituciones como esta para afirmar, sin elementos para ello, que intervendrían en la investigación, en un intento de aparentar una apertura al escrutinio que no ocurrió.
• No conforme, desde que se evidenció el uso de Pegasus en México, la PGR no ha investigado la trama de corrupción que podría estar detrás del uso ilegal de esta herramienta. En este sentido, han avanzado más ágilmente investigaciones periodísticas de diversos medios que la de la propia PGR.

Las diversas organizaciones reiteramos el llamado al gobierno federal para que se garantice la independencia de la investigación a través de un mecanismo extraordinario, con participación internacional; la investigación a fondo del uso brindado a Pegasus por la AIC; pronunciamientos de los candidatos a la presidencia sobre la conformación de un panel de expertos para la investigación y la reforma al Artículo 102 constitucional para tener una Fiscalía autónoma que sirva a los mexicanos.

Si continúa la impunidad en este caso, advertimos que estas prácticas continuarán y los instrumentos que el Estado debería usar para combatir la corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, seguirán siendo utilizados contra quienes trabajan para denunciarlas.