En respuesta a una solicitud de información promovida en 2016 por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se divulguen las estadísticas detalladas sobre las intervenciones a comunicaciones privadas hechas por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante 2014.
El CISEN rechazó informar a R3D cuántas personas y dispositivos fueron intervenidos en 2014, a pesar de que en mayo de 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que dicha información es de carácter público.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, aceptó el 4 de agosto la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para suspender la difusión de los datos hasta que el asunto sea resuelto por la Suprema Corte. La Consejería promovió este recurso bajo el argumento de que la divulgación de esta información tendría implicaciones en la seguridad nacional.
Sin embargo, como ha sido argumentado por R3D y el INAI, la información estadística como el número de personas y dispositivos no pone en riesgo alguno la seguridad nacional. No se revelan nombren ni circunstancias específicas sobre las operaciones del CISEN, por lo que la Suprema Corte debe confirmar la publicidad de la información y obligar al CISEN a proporcionarla lo más pronto posible.
Con la acción de la Consejería Jurídica, el gobierno federal demuestra que no posee un compromiso real con la transparencia y siembra dudas sobre los abusos que podrían estarse cometiendo con el pretexto de “la protección de la seguridad nacional”. En R3D defenderemos ante la SCJN la decisión del INAI y nuestro derecho a conocer la información estadística sobre la vigilancia de comunicaciones del gobierno mexicano.
