El gobierno de México habría adquirido tecnología para intervenir dispositivos móviles de la empresa finlandesa NetHawk en el 2014, de acuerdo con el semanario Proceso.
Proceso, que cita a un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de este país, asegura que el gobierno recibió unidades del equipo NetHawk F10, un IMSI catcher, diseñado para “policías, fuerzas armadas y otras organizaciones gubernamentales para combatir al crimen organizado y a terroristas”.
Los IMSI catchers, también conocidos como stingrays, son simuladores de torres de celular capaces de intervenir, atacar, recolectar información (e incluso modificarla) de teléfonos celulares.
También son conocidos por aumentar o disminuir la potencia de transmisión de los dispositivos; acceder a metadatos; claves de cifrado; geolocalizar el dispositivo y escribir sobre la memoria de éste.
Esta tecnología es altamente intrusiva y violatoria de derechos humanos, como el derecho a la privacidad, y su uso se ha popularizado en los últimos años entre agencias de inteligencia y seguridad estatales en diversos países del mundo.
En el caso de México y Finlandia, de acuerdo con lo descrito por Proceso, la Unidad de Control de Exportación autorizó a la empresa la venta del equipo, con categoría de exportación 5d001 y código de identificación FI140031, el 11 de julio de 2014. El semanario sugiere que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia no habría analizado el impacto que podría tener el uso de esta tecnología en los derechos humanos del país, ya que no se encuentra detallado en el informe.
El gobierno mexicano no ha informado al respecto de esta compra, ni a qué dependencia habrían sido destinados los equipos, ni el uso o bajo qué marco jurídico o legal se utilizarían. Asimismo, según Proceso, no existe información en el Portal de Obligaciones de Transparencia sobre algún contrato con la empresa Exfo, propietaria de NetHawk.
Sin supervisión en su uso o transparencia en la adquisición y uso de estos equipos el gobierno tendría manga ancha para violar derechos y libertades de los mexicanos. Por estas razones, pedimos que el gobierno mexicano aclare la veracidad de estos señalamientos y, de ser ciertos, que transparente la información sobre los equipos y el uso que se les ha dado o dará.
