Una propuesta de ley que buscaba obligar a todas las compañías de tecnología estadounidenses a crear puertas traseras para sus sistemas de cifrado fue retirada en el Congreso.
La iniciativa había sido creada por los senadores Richard Burr y Dianne Feinstein, republicano y demócrata, respectivamente, en febrero, justamente en medio del debate sobre el cifrado de los iPhone y la discusión entre el FBI y Apple.
La propuesta obligaba a las compañías de tecnología a asegurarse de que, en caso de que el gobierno lo solicitara, pudieran proveer la información contenida en correos, mensajes de texto, contactos, fotos, historial de navegación o cualquier otro medio contenido en un dispositivo como los smartphones.
La ley provocaría un debilitamiento generalizado de la seguridad para los usuarios y dañaría a un movimiento de la industria para “poner a los usuarios en control de su seguridad y darles la llave del cifrado en sus dispositivos”, asegura la Electronic Frontier Foundation en un comunicado al respecto.
La propuesta estaba tan mal escrita que hubiera dañado otras partes de la forma en que disfrutamos a diario de la tecnología e Internet; por ejemplo, podría prohibir la compresión de imágenes.
De acuerdo con el medio británico The Register, la ley se quedó estancada tras el desenlace del pleito legal entre Apple y el FBI.
El buró utilizó a un grupo de hackers para desbloquear el dispositivo, pero no insistió en el recurso legal para obligar a Apple a hacerlo. Posteriormente, en un segundo caso el FBI aseguró que un involucrado había recordado la contraseña del aparato por lo que no necesitó la asistencia legal para desbloquearlo.
Ambos casos debilitaron la posición de la agencia ante los distintos agentes del gobierno estadounidense por lo que el apoyo a la iniciativa de ley se fue diluyendo, según narra el medio.
Incluso la Casa Blanca retiró su apoyo a que la legislación fuera impulsada rápidamente en el Congreso y con el mayor escrutinio público otras agencias también retrocedieron y retiraron su apoyo. El viernes pasado, Feinstein confirmó que la propuesta no logró el apoyo del comité de inteligencia del Senado y que por lo tanto estaba detenida, lo que distintos medios y organizaciones han catalogado como “muerta”, aunque sea por este año.
Definitivamente, la “muerte” o posposición de la propuesta debe considerarse como una victoria para las organizaciones civiles y la sociedad en general. La privacidad y la seguridad en los entornos digitales se enmarca en un complicado contexto de derechos y libertades que no deben ser tomados a la ligera.
Cualquier legislación que la afecte debe de ser consensuada y trabajada con expertos y en un debate abierto con el resto de la sociedad, las empresas de tecnología y el gobierno.
