Una nueva ley en Uruguay estaría cerca de permitir que miles de estudiantes puedan acceder más fácilmente y a bajo costo materiales vitales para sus estudios y así impulsar el acceso a la educación y al conocimiento.
La Ley de Acceso a la Cultura y Materiales de Estudio, un proyecto que está en revisión en el Senado uruguayo, reconocería la reproducción de materiales de estudio sin fines de lucro, en físico y digital, como una excepción válida al derecho de autor.
Esta ley también beneficiará a las bibliotecas uruguayas, ya que legaliza el préstamo público de los libros y las copias con fines de preservación de ejemplares, de acuerdo con el sitio IR, una agrupación del Frente Amplio que gobierna Uruguay.
Otro aspecto relevante es que pasa las infracciones a leyes de derecho de autor sin fines de lucro del ámbito penal al civil, lo que eliminaría la posibilidad de que una persona que descargara un libro, una canción o película para su autoconsumo terminara en la cárcel.
En conjunto el proyecto busca reconocer el derecho al conocimiento, a la cultura y evita que el costo de los materiales de estudio afecte la permanencia de estudiantes a la educación superior y actualiza las leyes de derecho y autor.
De acuerdo con Creative Commons Uruguay: “el proyecto actualizará al siglo XXI la ley de derecho de autor, reconociendo como derechos culturales un conjunto de prácticas que hoy nuestra ley considera delitos”.
Actualmente, bajo el marco legal uruguayo unos 50 mil estudiantes universitarios estarían incurriendo en prácticas delictivas, informó en el secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Marcio Mañana, el pasado 5 de abril.
Esto representa a la mitad del padrón de estudiantes en universidades del país sudamericano, quienes simplemente buscan una forma de acceder a los materiales que requieren para su educación.
Además, la ley responde a un incidente en octubre de 2013 en el que las autoridades uruguayas allanaron varios locales de fotocopias cercanas a la Universidad de la República, en los que se reproducían volúmenes y materiales que utilizaban estudiantes de derecho.
La acción judicial, reportó el diario El País de Uruguay, responde a una denuncia hecha por una casa editora de contenidos jurídicos que consideraba la acción de fotocopiado como perjuicio económico, aunque era beneficiosa para los estudiantes universitarios quienes podían adquirir volúmenes y copias a una fracción del precio original.
