Una nueva batalla legal, que encendería aún más el debate sobre el cifrado entre el gobierno estadounidense y las empresas de tecnología se encuentra en ciernes, pero ahora sería Facebook, a través de WhatsApp quien la pelearía.

De acuerdo con The New York Times, una juez federal ordenó una escucha para una investigación en curso, pero ésta no pudo ser conducida debido al cifrado a las conversaciones escritas y llamadas de la aplicación de mensajería.

A partir de 2014 para Android, Agosto de 2015 para iOS, WhatsApp implementó un cifrado end-to-end a todas sus comunicaciones, escritas y habladas, aunque se desconocen los detalles de los protocolos que utiliza, ésta es una medida que beneficia a la privacidad de los usuarios de la aplicación.

Aunque el Departamento de Justicia de EE.UU. aún no ha decidido si recurrirá a una vía legal para obligar a que WhatsApp coopere en sus investigaciones, de hacerlo es probable que el debate se vuelva tan o más importante que el del cifrado del iPhone; ya que, explica el diario estadounidense, podría establecer las reglas de las escuchas en la era de la mensajería instantánea.

Pero al igual que en el caso de las “puertas traseras”, un debilitamiento del cifrado expone a riesgos a los usuarios del servicio y es, ante todo, una violación al derecho a la privacidad de las personas.

En ocasiones anteriores, WhatsApp podía cooperar con el gobierno estadounidense para entregar información en ciertos casos, pero en la actualidad podría argumentar que simplemente no posee los datos, como lo hizo ante las autoridades brasileñas para que se liberara a Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, quien fue arrestado el pasado 1 de marzo, por supuestamente “impedir una investigación judicial”.

La cantidad de usuarios de la aplicación de mensajería, mil millones a nivel mundial, podría hacer el caso aún más relevante, debido a la cantidad de información que pasa por la aplicación día a día.

El argumento de que el cifrado entorpece la labor judicial ha sido explorado desde varios ángulos, desde la incapacidad de la vigilancia permanente, una violación a la privacidad de las personas, hasta que a través de éste se ayuda incluso al terrorismo, como se argumentó en los atentados terroristas de París, Francia, o de San Bernardino, California, en noviembre y diciembre de 2015.

La falta de iniciativa del gobierno de Barack Obama y del Congreso de los EE.UU. podría provocar que al igual que en el caso de Apple contra el FBI, los límites de las capacidades de vigilancia del Estado, en este caso las escuchas, se resuelvan en las cortes.

“Están esperando (el FBI y el Departamento de Justicia) por un caso que haga la demanda parecer razonable”, aseguró al NYT el jefe en informática de la Electronic Frontier Foundation.

Imagen original de Cory Doctorow: This Phone is tapped sticker, KBOO, Portland, Oregon, USA