A pesar de que la suspensión de Internet es una medida que va en contra de los derechos humanos, como la libertad de expresión, varios países han legalizado la medida bajo la excusa de mantener la paz y el orden público.
El pasado 11 de febrero de 2016, la Suprema Corte de la India legalizó la posibilidad de que los gobiernos estatales puedan suspender temporalmente el servicio de Internet en una región bajo la premisa de mantener la ley y el orden en una situación.
Esta decisión respalda a la tomada por la Corte de Guyarat, un estado de la India, que en septiembre de 2015 respaldó las medidas de suspensión de Internet durante las protestas de la comunidad Patel en la región.
De acuerdo con el Deccan Herald, un medio local, los ministros justificaron su decisión a través de la Sección 144 del Código de Procedimientos Penales de la India, que permite medidas como toques de queda y restricción de comunicaciones, pero que, de acuerdo con los demandantes, no debería afectar las comunicaciones móviles puesto que éstas se encuentran bajo una ley distinta.
Otro país que aprobó la suspensión temporal del servicio de Internet es Brasil, el 9 de febrero de 2016, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones anunció que las autoridades militares tendrán la posibilidad de usar la medida para garantizar la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y previo a la realización de la gesta.
Estas medidas son problemáticas porque no están correctamente delimitadas, debido a que una autoridad podría determinar una amenaza suficiente desde un posible atentado terrorista o la realización de una protesta.
“La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.”, dice el articulo 6, inciso b de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
