El viernes 12 de enero de 2024, el juez de control Luis Benítez Alcántara dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser uno de los autores del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de la periodista Carmen Aristegui, utilizando el malware Pegasus.
Al dictar sentencia, el juez consideró acreditado que el teléfono de la periodista sí fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, tal como fue demostrado durante las comparecencias del juicio por los expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El juez también concedió que los ataques contra Aristegui ocurrieron a raíz de su actividad periodística sobre casos de corrupción en las altas esferas políticas durante la administración anterior, como la investigación sobre la Casa Blanca del presidente Peña Nieto. Además, señaló que la intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial representa un agravio para la periodista, cuyo objeto fue inhibir su labor y poner en riesgo su integridad, la de sus allegados y fuentes.
Sin embargo, Benítez Alcántara consideró que la Fiscalía no probó de manera suficiente que García Rivera hubiese participado de forma directa en la intervención ilegal de comunicaciones privadas de Aristegui, por lo que ordenó su liberación inmediata.
El juez lamentó que no se haya podido garantizar el acceso a la justicia a Carmen Aristegui por el incumplimiento de los estándares de prueba por parte de la Fiscalía e instó a la dependencia a continuar con las investigaciones hasta dar con los responsables del espionaje. De la misma manera, es importante que se avance con las investigaciones del resto de víctimas de espionaje que han denunciado ante la propia FGR desde hace más de seis años.
El resultado del juicio refrenda la urgente necesidad de que la Fiscalía dirija sus indagatorias hacia todos los responsables, sean estos actores privados y/o funcionarios públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el entonces Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cuya adquisición y uso del sistema Pegasus en el sexenio pasado han sido plenamente documentados.
Así mismo, persiste la necesidad de avanzar con las investigaciones en torno a los casos de espionaje con Pegasus que han sido denunciados durante este sexenio, perpetrados por las Fuerzas Armadas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como ha sido documentado por la investigación Ejército Espía.
Es lamentable que, a más de seis años de haber sido presentadas las denuncias, continúe la impunidad del espionaje ilegal en contra de decenas de víctimas. La labor de defensa de los derechos humanos y la actividad periodística se encuentran bajo amenaza en tanto los responsables de estos actos no respondan ante la justicia.
Por ello, además de la urgencia de investigar, es indispensable que se lleven a cabo las reformas necesarias para garantizar que la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia dejen de ser abusadas, así como adoptar una adoptar una moratoria hasta que existan marcos normativos suficientes que regulen su utilización acorde con los derechos humanos.
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Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
