Documentos internos de la SEDENA demuestran contundentemente que el Ejército usó una estructura militar de inteligencia secreta para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con la finalidad de acceder e interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y con el pleno conocimiento del Alto Mando.
La evidencia, aportada por la investigación Ejército Espía ─en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso─ expone una tarjeta informativa secreta de inteligencia militar, filtrada por el colectivo Guacamaya, que da cuenta de conversaciones privadas de Raymundo Ramos con periodistas de El Universal, Televisa y El País, relacionadas con el caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 3 de julio de 2020.
Las conversaciones citadas en la tarjeta informativa ocurrieron entre el 16 y el 26 de agosto de 2020, fechas que coinciden con el periodo en que Ramos fue atacado con Pegasus, de acuerdo con un informe actualizado de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Las comunicaciones se dieron a través de aplicaciones de mensajería cifrada, por lo que solo podrían haber sido obtenidas con una herramienta como Pegasus.
En la tarjeta informativa, además, se busca vincular a Raymundo Ramos como integrante del Cártel del Noreste, sin ofrecer prueba alguna. El documento también aconseja al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentar la información a la Policía Ministerial Militar de forma confidencial para las indagatorias del caso, sin que se agregue a la carpeta de investigación. Esto demuestra que la intención del espionaje fue interferir ilegalmente en las investigaciones sobre los abusos cometidos en Nuevo Laredo por parte de las fuerzas armadas.
El espionaje a Raymundo Ramos fue claramente ilegal, ya que las Fuerzas Armadas carecen de facultades legales para ejercer intervenciones de comunicaciones privadas de civiles. Tampoco existe registro alguno de autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Ramos, según el propio Poder Judicial de la Federación.
La tarjeta informativa fue elaborada por la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (E.M.D.N); en específico, por el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.), una dependencia secreta de espionaje militar cuyas actividades son expuestas al público, por primera vez, gracias a documentos filtrados por el colectivo Guacamaya.
De acuerdo con documentos internos de la SEDENA, el C.M.I. tiene como objetivo aportar “productos de inteligencia que se generen de la información obtenida por medios cerrados”, es decir, a través de intervenciones de comunicaciones privadas, sin que las Fuerzas Armadas tengan facultades legales para dichas tareas.
Según consigna un análisis interno, el C.M.I. considera como una de sus principales amenazas “que se evidencien ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro”.
Además, documentos previamente revelados por la investigación Ejército Espía demuestran que el C.M.I. es el usuario final (operador) del “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” que adquirió la SEDENA a través de Comercializadora Antsua, empresa designada con los derechos exclusivos para la venta de Pegasus al Ejército.
Así mismo, gracias a la tarjeta informativa, fue posible identificar a las personas involucradas en el espionaje a Raymundo Ramos; entre ellas, el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz; el entonces subjefe de Inteligencia del E.M.D.N, Conrado Bruno Pérez Esparza; así como el Director del C.M.I., el Subdirector de Análisis y un Jefe de Grupo de Análisis del Centro.
Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estuvo al tanto del espionaje ilegal a Raymundo Ramos, ya que la tarjeta informativa fue realizada para su conocimiento. Incluso un documento de agenda, filtrado por el colectivo Guacamaya, revela que Sandoval se reunió el mismo 2 de septiembre con el Jefe del E.M.D.N., el Subjefe de Inteligencia, entre otros altos mandos, para tratar el tema “Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
Ante diversas investigaciones y a pesar de la amplia evidencia, la SEDENA continúa negando los hechos, ocultando información que el gobierno federal prometió se haría pública y obstaculizando las investigaciones de la Fiscalía General de la República que fueron abiertas tras las denuncias presentadas hace más de cinco meses.
En vista de la nueva evidencia, las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC condenamos el espionaje militar ilegal en contra de Raymundo Ramos y el encubrimiento que la SEDENA ha emprendido. Además exigimos que:
- Cese de inmediato el espionaje militar ilegal que se lleva a cabo desde el Centro Militar de Inteligencia.
- Que el Congreso llame a comparecer a la SEDENA y brinde información sobre el Centro Militar de Inteligencia, que hasta el día de hoy era desconocida.
- Como fue prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de octubre de 2022, se haga pública toda la información relacionada con las contrataciones entre la SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V. así como respecto de cualquier contratación relacionada a cualquier sistema de intervención de comunicaciones privadas utilizado por la SEDENA.
- Que la SEDENA deje de obstaculizar las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de acceso a toda la información, personal e instalaciones relacionadas con el espionaje ilegal que lleva a cabo el Centro Militar de Inteligencia.
- Se establezca un mecanismo independiente e internacional de investigación sobre el espionaje ilegal en México, de manera que se garantice a las víctimas y a la sociedad el derecho a la verdad que se esconde en los archivos de inteligencia militar y civil del país.
- Se garantice la no repetición del espionaje ilegal mediante una agenda de reforma legal e institucional que impida de manera verificable el abuso de los sistemas de inteligencia del país. Este proceso debe ir acompañado de sociedad civil, para asegurar el apego a los más altos estándares de derechos humanos.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
