• Lejos de atender los problemas de la violencia en el fútbol, medidas como el registro obligatorio del FAN ID y el reconocimiento facial en estadios atentan contra la privacidad y seguridad.

A la Federación Mexicana de Futbol, Liga MX y clubes del fútbol mexicano:

Frente a las recientes medidas anunciadas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX en reacción a la violencia ocurrida en el estadio de Querétaro, manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto que dichas acciones tendrán en los derechos humanos y la seguridad de las personas aficionadas.

Sin duda, la violencia atestiguada en Querétaro requiere la adopción de medidas que garanticen la no repetición de esos hechos y la protección de la afición. Sin embargo, el condicionamiento de la entrega de datos personales para el acceso a estados (FAN ID), la creación y compartición de bases de datos con la Plataforma México, así como la instalación de sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial son medidas que obligan a las personas aficionadas a asumir graves riesgos innecesarios para su privacidad y seguridad.

Lamentamos que la FMF, la Liga MX, los clubes y las autoridades estatales y municipales implementen medidas donde la afición es injustificadamente tratada como sospechosa de delincuencia y sujeta a medidas de control y vigilancia propias de un régimen autoritario o una prisión de máxima seguridad.

En particular, observamos que la propuesta de creación de una base de datos de toda la afición que asista a los estadios a partir de la entrega obligatoria de datos personales (FAN ID) y la transferencia de dichos datos a autoridades estatales y municipales de seguridad representa graves riesgos para la privacidad y seguridad e inclusive incumple con la legislación en materia de protección de datos personales por las siguientes razones:

• La creación de una base de datos masiva y centralizada de datos personales conlleva graves riesgos de vulneración, lo cual en el caso de datos biométricos como el marco facial, puede inclusive representar una afectación irreversible para las personas.
• Se ha anunciado que toda la información recabada sería compartida, sin ninguna restricción, con autoridades de seguridad pública, las cuales frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia organizada o involucradas en actos de corrupción, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la afición frente a delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro.
• Algunas instituciones pretenden recabar datos personales excesivos que no guardan ninguna relación con el supuesto fin de protección de la seguridad, como lo es el caso del aviso de privacidad de la FMF, en el cual se contempla requerir datos como el “estado civil” o la “ocupación”, lo cual incumple el principio de proporcionalidad en materia de protección de datos personales.

Todavía más preocupante resulta la propuesta de instalación de sistemas de videovigilancia con tecnologías de reconocimiento facial. Existe amplia evidencia de su ineficacia y de los peligros que representa, como se detalla a continuación:

• Las tecnologías de reconocimiento facial han demostrado ser altamente propensas a cometer errores de falsos positivos y falsos negativos, inclusive mostrando tasas de error que pueden oscilar entre un 92.3% y 95.4%. Además de ser inefectivas para la identificación de personas sospechosas, han producido múltiples casos de detenciones arbitrarias de personas inocentes.
• Las tecnologías de reconocimiento facial cometen más errores de identificación cuando analizan rostros de mujeres, personas de tez morena y disidentes de género, con lo cual existen graves riesgos de discriminación.
• La vigilancia con reconocimiento facial es una medida propia de regímenes autoritarios, por ello ha sido prohibido su despliegue en el espacio público en diversas partes del mundo, como en las ciudades de Boston, San Francisco, Oakland, Portland y Minneapolis en los Estados Unidos; en países como Bélgica y Luxemburgo, e incluso el Parlamento Europeo contempla imponer una moratoria de dicha tecnología en todo el continente europeo.

La FMF y la Liga MX pretenden que la afición entregue datos personales sensibles y deposite su confianza en autoridades públicas e instituciones privadas que precisamente han demostrado incompetencia, corrupción, e incluso, colusión con la delincuencia. Además, dado el alto grado de opacidad de las empresas que actualmente proveen estos servicios de vigilancia a clubes (algunas de ellas, vinculadas con graves escándalos de desvío de recursos), resulta sospechoso quiénes se verán realmente beneficiados por estas acciones.

Propuestas como el requisito de FAN ID o la videovigilancia con reconocimiento facial no guardan relación alguna con los problemas evidenciados por los hechos violentos en Querétaro, tales como el incumplimiento del club de contar con el número suficiente de elementos de seguridad, los indicios de colusión entre la seguridad privada del estadio y los perpetradores de la violencia, o la insuficiente presencia de autoridades de seguridad pública y su omisión de intervenir una vez que iniciaron los hechos violentos.

Con la imposición de estas medidas, pierde el fútbol mexicano. Pierden los clubes, la Liga y la Federación, al dilapidar recursos en sistemas tecnológicos caros e ineficientes en lugar de invertir en fortalecer la función social del deporte como forma de prevención de la violencia. Pierde la afición, ante la disyuntiva de comprometer su privacidad y seguridad o dejar de asistir a los estadios. Como país, perdemos la oportunidad de emprender una seria reflexión sobre la cultura de violencia impregnada en nuestra sociedad que empaña al fútbol.

En virtud de los graves riesgos que estas medidas anunciadas representan, solicitamos a la Federación, la Liga MX y a los clubes que reviertan las medidas que han sido anunciadas y emprendan un diálogo plural, informado y responsable que permita abordar esta problemática desde la evidencia y el respeto a los derechos de la afición y no desde la demagogia o los intereses de algunas empresas de seguridad.

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales