La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a aumentar los esfuerzos para esclarecer el espionaje con el malware Pegasus, castigar a los responsables y garantizar la integridad de las víctimas, sus representantes, operadores judiciales y personas vinculadas al proceso.
“[…] para la Relatoría Especial, éste avance acentúa las obligaciones de debida diligencia, exhaustividad y celeridad de la investigación en curso. En consecuencia, esta oficina exhorta y anima al Estado de México a continuar sus esfuerzos en la investigación de los hechos de forma completa, efectiva e imparcial.”, se puede leer en un comunicado.
Asimismo, la RELE reconoció los avances en el marco de la investigación que se dieron a conocer la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR), que tras cuatro años de haber sido presentadas las primeras denuncias, logró vincular a proceso a una persona con un papel clave en el entramado empresarial y político del uso de Pegasus en México.
Sin embargo, aunque “saludó” la medida y la calificó de “relevante y trascendente”, la Relatoría consideró que es por sí sola insuficiente debido a las dimensiones y complejidad y las denuncias que trascendieron públicamente en los últimos meses, haciendo referencia a las revelaciones del Proyecto Pegasus.
La RELE recordó varios de los casos que se conocen públicamente de espionaje con Pegasus en México, entre los que destacan la periodistas Carmen Aristegui y su hijo, menor de edad que vivía en Estados Unidos en aquel momento; integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y, al menos, un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba el caso Ayotzinapa.
En contexto de las recientes revelaciones sobre el uso de Pegasus en el mundo y ante la falta de controles democráticos para la venta, exportación, transferencia y utilización de la tecnología de vigilancia en el mundo, la RELE reiteró su llamado a una moratoria global hasta que se “establezcan marcos normativos en sintonía con las obligaciones internacionales de derechos humanos”, como lo han pedido recientemente especialistas de la ONU y la misma Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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