El 6 de abril, Twitter anunció que demandó al gobierno de los Estados Unidos por tratar de descubrir ilegalmente la identidad de quienes se encuentran detrás de una cuenta que ha publicado una gran cantidad de mensajes en contra de Donald Trump.
La cuenta es una de varias que han nacido como “agencias alternativa” tras la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos, y que supuestamente han sido creadas por trabajadores del gobierno para oponerse a las políticas del nuevo presidente.
Por esta razón, Twitter demandó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Interior por abusar de una herramienta de investigación de “propósito limitado” para descubrir quién está detrás de la cuenta @ALT_USCIS.
La petición de la CBP incluía información como nombres de usuarios, credenciales de acceso, números de teléfono, correos electrónicos y direcciones IP de quienes dirigían la cuenta.
“El derecho de expresión, resguardada por la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., permite a los usuarios de Twitter y a Twitter diseminar discurso político de forma anónima o pseudoanónima”, escribió la compañía en el recurso presentado ante una corte de California.
La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU) había también expresado su beneplácito por la decisión de Twitter y aseguró que buscaría apoyar a la empresa en su batalla legal.
La presión surtió efecto
Al día siguiente, 7 de abril, Twitter anunció el retiro de la demanda en contra de la CBP, ya que esta dependencia desistió de una petición para acceder a información sobre una cuenta contraria al gobierno de Trump.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Mark Flanagan, el abogado de la red social informó que el Departamento de Justicia retiró la petición este viernes.
Aunque se desconocen las razones por las que la dependencia del gobierno estadounidense tomó la determinación, es probable que ésta haya aceptado que tenía pocas posibilidades de ganar la batalla legal.
“Pareciera un intento descarado para censurar o asustar a las personas detrás de esta cuenta, para tomar represalias en contra de quienes se oponen a esta administración”, explicó el abogado de EFF, Jamie Lee Williams, a la agencia.
“Estamos complacidos de ver a Twitter levantarse por los derechos de sus usuarios y la ACLU pronto estará presentando documentos en la corte en favor de este usuario. Para desenmascarar a un vocero anónimo en línea el gobierno debe tener fuertes justificaciones, pero en este caso el gobierno no ha dado ninguna razón, lo que lleva a creer que solo busca callar la disidencia”, escribió el abogado de la ACLU, Nathan Freed Wessler.
La cuenta @ALT_USCIS ha sido una fuente de opinión en contra de las políticas de migración de la administración Trump, incluyendo la prohibición contra ciertos países musulmanes, #MuslimBan, o la idea de construir un muro en la frontera con México.
