La denominada “Ley Serrano” se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación en materia de libertad de expresión en México. Desde su aprobación, organizaciones nacionales e internacionales, periodistas, activistas y colectivos han denunciado que la reforma al Código Penal de San Luis Potosí ha sido utilizada para silenciar a comunicadores argumentando el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial.
En octubre de 2025, videos en redes sociales vincularon al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, con grupos del crimen organizado. El mandatario negó su autenticidad, afirmó que habían sido elaborados con inteligencia artificial y llamó públicamente al Congreso estatal a legislar sobre la materia. Semanas después, el diputado Héctor Serrano Cortés presentó una iniciativa para sancionar el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
Los nuevos tipos penales establecidos en los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, representan un riesgo para la libertad de expresión. Los procesos iniciados contra periodistas y otras voces críticas evidencian su potencial para ser utilizados como mecanismos de intimidación y censura, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.
La ley se encuentra actualmente bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este procedimiento, Artículo 19 presentó un amicus curiae en el que sostiene que la regulación no solo carece de precisión jurídica, sino que puede facilitar la persecución penal de expresiones periodísticas, críticas, satíricas y de interés público.
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ninguna legislación puede vulnerar la libertad de expresión y anunció que revisará el contenido de la norma, al tiempo que consideró necesaria una discusión nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial. Paralelamente, colectivos ciudadanos marcharon recientemente hacia el Congreso de San Luis Potosí para exigir la derogación de la reforma.
La preocupación ha trascendido al ámbito internacional. Reporteros Sin Fronteras (RSF) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a acelerar la revisión de la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exhortó al Congreso de San Luis Potosí a realizar una revisión de fondo de la legislación.
El caso de San Luis Potosí ocurre en un contexto en el que distintas entidades del país han comenzado a impulsar reformas para regular los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Recientemente, el Congreso de Jalisco aprobó modificaciones a su Código Penal para sancionar la creación y difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento.
Si bien ambas iniciativas responden a problemáticas distintas, el precedente de la denominada “Ley Serrano” evidencia la necesidad de que cualquier regulación en esta materia cuente con definiciones claras, criterios de proporcionalidad y salvaguardas para no generar impactos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Estos esfuerzos por regular el uso de herramientas de inteligencia artificial coinciden con un momento estratégico para la política tecnológica de México. Mientras avanzan las discusiones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la inteligencia artificial comienza a perfilarse como uno de los temas centrales de la integración económica digital en América del Norte.
En ese contexto, México necesita construir una política coherente sobre gobernanza de la inteligencia artificial que proteja tanto la innovación como los derechos fundamentales. La existencia de regulaciones fragmentadas debilita la posición mexicana frente a futuras negociaciones internacionales, donde también estarán en juego reglas sobre datos, infraestructura digital y desarrollo tecnológico.
La expansión de tecnologías capaces de generar imágenes, audios o videos exige respuestas legales que protejan a las personas frente a abusos reales, pero también que respeten principios como la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Cuando las normas penales contienen definiciones ambiguas o se utilizan para investigar expresiones críticas, generan un ambiente de autocensura que inhibe la participación pública y criminaliza expresiones legítimas.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
