En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua determinó clasificar como reservada las partes o secciones del contrato de la Plataforma Centinela “que contengan información que revele especificaciones, características y cuestiones técnicas para la implementación y funcionamiento” de dicho sistema.
La Plataforma Centinela es un ambicioso proyecto de vigilancia masiva, impulsado por la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Este sistema incluye la instalación de una red de 3 mil cámaras de seguridad con movimiento, 4 mil cámaras fijas, 102 arcos de identificación vehicular, vigilancia aérea con drones, 40 remolques de videovigilancia móvil y la construcción de un centro de mando, la Torre Centinela.
La plataforma, según ha dicho la gobernadora, también contempla la instalación de filtros de reconocimiento facial para las imágenes recabadas por las cámaras de vigilancia, así como otros sistemas de reconocimiento mediante biométricos. El sistema contará con asistencia de “inteligencia artificial” para la detección “predictiva” de conductas delictivas.
Además, la gobernadora de Chihuahua firmó un polémico acuerdo de colaboración con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para el intercambio de información de la plataforma para vigilar a personas migrantes, pese a que los gobiernos locales no tienen facultades para suscribir acuerdos migratorios.
En respuesta a la solicitud del contrato y sus anexos técnicos, la SSP de Chihuahua hizo público únicamente el contrato de prestación de servicios, suscrito entre el gobierno local ─a través de la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Pública─ y la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V.
Sin embargo, la SSP determinó reservar los anexos técnicos por dos años, por suponer afectaciones “a la seguridad pública y el orden público”. La secretaría también determinó reservar el número de cámaras de videovigilancia que se desplegarán y sus características técnicas.
Del contrato publicado, el gobierno estatal pagará un monto total de 4 mil 709 millones 885 mil 681 pesos, con dos pagos iniciales de 374 millones 855 mil pesos en 2022, y posteriormente, pagos por 203 millones 783 mil pesos al trimestre entre 2023 y 2026. Los últimos pagos se harán en 2027, dos por 18 millones 750 mil pesos y uno de 12 millones 500 mil pesos. El monto revelado coincide prácticamente con el que había sido reportado con anterioridad por la prensa.
Desafortunadamente, el contrato de prestación de servicios no proporciona ninguna información relativa con las capacidades de vigilancia de la Plataforma Centinela, mismas que han sido criticadas también por la Electronic Frontier Foundation, debido a las implicaciones que tendrá este sistema en la vigilancia fronteriza.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
