La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) votó a favor de restablecer las normas que amplían la supervisión gubernamental de los proveedores de banda ancha, esto con el objetivo de proteger el acceso a internet de todas las personas consumidoras, informa The New York Times.
Durante el gobierno de Barack Obama se establecieron protecciones a la neutralidad de la red en Estados Unidos, destinadas a evitar que los proveedores de servicios de Internet (como Verizon o Comcast) bloquearan o degradaran la prestación de servicios de competidores como Netflix y YouTube, sin embargo, tras la llegada de Donald Trump al poder, estas disposiciones fueron revocadas.
Fue entonces que, a finales del 2023, el gobierno de Estados Unidos trajo de nuevo a la mesa una propuesta para modificar las reglas de neutralidad en la red para la industria de la banda ancha, de mano de la demócrata y presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel.
“Todos los consumidores merecen un acceso a Internet rápido, abierto y justo”, declaró Rosenworcel en su último comunicado.
En una votación de 3 a 2, la comisión de cinco miembros, nombrada por el presidente Biden, revivió las normas que declaran la banda ancha como un servicio público regulado, tal como el servicio telefónico y el agua. Las normas también otorgan a la FCC. la capacidad de exigir a los proveedores de banda ancha que informen y respondan a los cortes, así como de ampliar la supervisión de los problemas de seguridad de los proveedores por parte de la agencia.
Hace una década, la posible nueva normativa provocó grandes manifestaciones y descontentos. En aquel momento, las empresas de telecomunicaciones estaban perdiendo negocio en favor de los servicios de streaming en línea. Sitios como Facebook, Google y Amazon temían verse obligados a pagar a las empresas de telecomunicaciones por una mejor prestación de sus servicios.
Los demócratas han argumentado que estas regulaciones son fundamentales para la protección de las personas consumidoras, mientras que los grupos de presión de banda ancha, han declarado que “buscarán todas las opciones disponibles, incluso en los tribunales” para dar marcha atrás a la propuesta.
