Nueva información publicada por el diario El País da más pistas sobre la dimensión real de los negocios que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, llevó a cabo con la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, durante la administración de Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con el contrato PGR/AD/CN/SERV/159/2013, la empresa NICE Systems Ltd., vendió a la PGR la plataforma de intervención telefónica Nice Track, la cual es capaz de reunir un gran volumen de datos en tiempo real y cruzar la información con otras fuentes, como compras con tarjetas bancarias y geolocalización “sin que el blanco se dé cuenta”, publica el diario.
La empresa NICE es propiedad de la familia Weinberg, considerados “testaferros” de García Luna, y vendió el sistema sin concurso ni licitación de por medio a un precio de 2,5 millones de pesos. Esta misma empresa ya había vendido la plataforma a la Secretaría de Seguridad Pública a través de tres contratos que se celebraron entre enero y febrero de 2009 por un costo de 69 millones de dólares.
Sin embargo, no es la única compañía ligada a García Luna que hizo negocios con la PGR mientras Murillo Karam la encabezaba. Nunvav Inc., empresa panameña cuyo presidente es Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, obtuvo un contrato (PGR/AD/CN/SERV/160/2013) para dar mantenimiento a Laguna, otro equipo de espionaje, por 2,7 millones de pesos en noviembre de 2013.
Laguna, fabricado por Spectra Group, está diseñado para monitorear y grabar conversaciones telefónicas y datos en sistemas de comunicación móvil. Un contrato similar para dar mantenimiento y servicio al sistema fue celebrado por Nunvav con la Secretaría de Seguridad Pública a unos días que García Luna dejara su cargo, en noviembre de 2012, sin embargo este tenía un valor de 12 millones de dólares.
Esta es apenas la “punta del iceberg” de la corrupción asociada a la compra-venta de tecnología de vigilancia en México, en especial durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, aseguró Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
García Muñoz añadió que estos contratos son generalmente beneficiarios “de adjudicaciones directas y argumentan que todos esos contratos están reservados. Como es alta tecnología, pueden justificar un dispendio de altísimas cantidades de recursos públicos”.
“Además, espían y utilizan esa inteligencia con fines políticos, económicos y para perpetuar esa ambición de poder y abuso de poder”, afirmó el director de R3D al medio.
Imagen (CC BY Gibrán Aquino)
